El Gobierno investiga el uso de cañones sónicos para deshacer tormentas en la Comunidad Valenciana

Ahora, la Confederación Hidrográfica del Júcar ( CHJ ) ha abierto diligencias para determinar si esta práctica -con la que se disuelve el granizo para evitar daños en la agricultura- incumple la legalidad, dado que solo el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico puede realizar este tipo de operaciones o autorizar a empresas o particulares.

En la respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez al senador Mulet, se constató que no había permisos concedidos y la Ley de Aguas estipula que el ciclo hidrológico o la fase atmosférica «no puede ser modificada artificialmente ». Por eso, el representante de Compromís ha anunciado que realizará un «seguimiento» de esas diligencias, de las que ha pedido más información, además de instar a que actúe el Seprona de la Guardia Civil y se comuniquen posibles irregularidades a los juzgados, ante la « proliferación de casos ».

Esta investigación de la CHJ se centra, de momento, en los municipios de Gavarda (Valencia) y San Rafael del Riu (Castellón). Hasta ahora, además de las posibles repercusiones meteorológicas y de cambio climático -por posibles sequías o lluvias torrenciales como ya se registraron el año pasado en Càlig y Vinaròs , o granizadas en Benicarló -, las principales molestias denunciadas surgieron por el ruido.

Para resultar efectivos, estos cañonazos de gas acetileno y aire deben iniciarse unos 15 minutos antes de que empiece la tormenta y luego se repiten, en ocasiones durante horas, lo que se convierte en insoportable para los residentes en la zona.

En el trasfondo de esta polémica hay una motivación económica, porque resulta más caro pagar un seguro agrario , que incrementa además su prima cuando hay que indemnizar por daños de una granizada, que recurrir a estas explosiones que alejan el peligro que viene del cielo. Aunque también tienen el efecto de desplazar las precipitaciones a zonas colindantes.

Mulet también ha reclamado que se desmantelen directamente las instalaciones detectadas desde donde se utlizar esta tecnología, dado que no existen autorizaciones de uso concedidas por el Gobierno.