El Gobierno frenará en los tribunales las últimas leyes del tripartito valenciano

La primera intervención ya se produjo el pasado octubre con la norma de la nueva Radiotelevisión valenciana . Antes de llegar al recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno decidía convocar una comisión bilateral cuyo plazo acaba el próximo abril con el objetivo de tratar «discrepancias» sobre dos artículos referidos a que para formar la nueva plantilla se valorará como mérito diferenciado el haber trabajado en la anterior RTVV.

Esta semana las advertencias del Ejecutivo central también llegaban por el nuevo decreto que regula el modelo lingüístico en la enseñanza , con el cual sólo los alumnos que cursen la mayoría de materias en valenciano obtendrán automáticamente las certificaciones de inglés al acabar el Bachiller, algo que no ocurre con el castellano.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, explicó el miércoles que el pasado 10 de marzo envió una «carta de colaboración» a la Conselleria para que «rectificara» ese decreto al entender que existe diferencia de trato entre los estudiantes según la lengua que elijan. Si la Generalitat no lo hace dentro del plazo establecido, advirtió, se le enviará un requerimiento que, de no ser atendido, acabará en un recurso contencioso administrativo .

El jefe del Consell, Ximo Puig, defendió ayer su legalidad desde la tribuna de las Cortes y respondió al ministro: «Si está preocupado por la discriminación lingüística bienvenido. Aquí el valenciano ha sido la lengua minorizada y merece el apoyo del Gobierno». Ahora, y tras las aclaraciones que envíe el Ejecutivo autonómico, el central deberá decidir los siguientes pasos.

Una situación similar se produce con la ley de función social de la vivienda -la primera que el Gobierno valenciano sacaba por iniciativa propia durante la actual legislatura-, que fue aprobada el pasado enero en las Cortes con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra del PP. La norma incluye la expropiación forzosa del usufructo de la vivienda por parte del Gobierno en caso de que se produzca un desahucio, afectando especialmente a los bancos, aunque también a fondos buitre o grandes tenedores.

Esta competencia ha sido regulada por otras autonomías, donde el Ejecutivo central ya lo ha recurrido al Tribunal Constitucional. Además, el Consell Jurídic Consultiu emitió en su momento un informe en el que veía inconstitucional los puntos que afectan al sentido de la propiedad, adviertiendo de que no se puede forzar al banco a alquilar un piso a una persona desahuciada aunque el impago se produzca por circunstancias de emergencia social.

La advertencia ya ha sido verbalizada y ayer la titular autonómica de Vivienda, María José Salvador, anunciaba que el Gobierno ha propuesto la creación de una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre la norma antes de interponer el recurso . El Consell aceptará la oferta pero defenderá la legalidad de la ley.