La Generalitat Valenciana se resiste a endurecer los criterios para el uso de mascarillas pese a los rebrotes del Covid-19

«El uso de la mascarilla no está en el debate, es absolutamente necesario. Cada uno de nosotros somos responsables», ha defendido en rueda de prensa en el Hospital La Fe de Valencia tras visitar unos 'robots' que amplían la capacidad de pruebas PCR.

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Puig ha descartado así «poner una persona vigilando permanentemente lo que hace cada ciudadano» y ha recordado que la mascarilla ya es obligatoria en espacios como el transporte público. Ahora, a su juicio, debe existir una voluntad personal y una responsabilidad compartida de luchar contra el coronavirus.

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Por ello, ha hecho hincapié en que la obligatoriedad «no está en discusión» en la Comunidad Valenciana, independientemente de las decisiones que se puedan tomar. También ha destacado que la mascarilla es de los instrumentos más eficaces para evitar la transmisión del virus y ha llamado a «adoptar un ejercicio más importante que cualquier obligación: la corresponsabilidad».

Ante los brotes, ha reiterado que la prudencia es más necesaria que nunca y ha abogado por « jugar en el equilibrio con la normalidad mejorada» . «Hay que convivir con el coronavirus, pero siguiendo las pautas: distancia interpersonal, ventilación e higiene», ha reivindicado.

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Para conseguirlo, Puig ha avanzado que en los próximos días continuarán estudiando la ampliación de aforos , mientras otras autonomías ya los tienen «más altos». «En función de la evolución, tomaremos las decisiones oportunas», ha garantizado, y ha apuntado como objetivo «vivir en libertad y en una sociedad segura».

El jefe del Consell también ha defendido la posibilidad de aplicar un estado de alarma u otro «instrumento jurídico potente» para limitar la movilidad en comunidades autónomas o comarcas que sufran rebrotes como los del Segrià (Lleida).

Puig ha señalado que el confinamiento en esta zona era «lo único que podía hacer» la Generalitat de Catalunya, tras la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida de no ratificar la prohibición de toda salida y entrada a esta provincia.

«Sabíamos cuál era el marco legal: el estado de alarma» , ha subrayado a la espera de cómo evoluciona el proceso judicial y de las decisiones que tomen el Gobierno y la Generalitat catalana.

Puig, tras remarcar que no tiene ninguna responsabilidad y que carece de todos los datos, ha sostenido que «en términos generales, queda bien claro que el estado de alarma era fundamental para eliminar la movilidad y limitar derechos constitucionales».

También ha recordado que el Gobierno «dijo que era posible» aplicar un estado de alarma o instrumento similar en un espacio determinado, aunque ha abogado por «definirlo bien» a partir de una buena relación entre las autonomías y el ejecutivo de Pedro Sánchez.

En todo caso, el presidente valenciano ha insistido en que «si es necesario volver a una situación de confinamiento» el estado de alarma es el instrumento legal adecuado en comunidades o comarcas determinadas, siempre de forma «revisable».