La Fiscalía archiva la denuncia de Unión de Consumidores por el cierre de iDental

La Unión de Consumidores de Valencia interpuso el pasado 30 de mayo una denuncia en la que solicitaba que, ante un posible delito de estafa y abandono de pacientes, se investigara la actuación de dichas clínicas, que aún no habían procedido al cierre total, al objeto de los perjuicios económicos y de salud que han ocasionado al consumidor, recuerda la entidad en un comunicado.

Según la fiscal, de la lectura de las actuaciones resulta que la denuncia no aporta datos concretos que permitan iniciar investigación alguna, pues no se detallan datos de identidad de posibles personas afectadas, de las que no consta además la intención de denunciar judicialmente, y por eso "no existen por el momento datos suficientes que indiquen que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal".

En un comunicado, la Unión de Consumidores lamenta que "tras el cierre definitivo de las Clínicas IDental, 20.000 valencianos se encuentran indefensos y desconcertados con un importante problema económico y de salud, y sin una respuesta satisfactoria ni por parte de la administración ni por parte de la justicia".

La entidad apunta que está tramitando y asesorando a los afectados y solicitando a las financieras de los créditos concedidos para los tratamientos odontológicos que paralicen el cobro de las cuotas pendientes a los consumidores afectados.

El secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, lamenta la decisión de la Fiscalía Provincial de Valencia sección penal, "sobre todo por la falta de interés en investigar los hechos denunciados que están perjudicando a miles de valencianos".

"En cambio, este criterio no es compartido por otras Fiscalías Provinciales que sí han iniciado diligencias penales para investigar", añade.

La Unión de Consumidores de Valencia considera que "este tipo de actuaciones no pueden quedar sin respuesta por parte de las distintas administraciones en sus respectivos ámbitos de actuación, tanto administrativo como judicial".

La UCV continúa "tramitando las reclamaciones de los afectados y solicitando la paralización de los cobros de los créditos y a la espera de la respuesta de la Fiscalía Provincial de Valencia sección derechos de los consumidores en cuanto a la solicitud de una acción colectiva para paralización de los préstamos de financiación".