Las familias de la concertada rechazan que se «imponga» el valenciano en la futura ley del plurilingüismo

Llopis, quien ha recordado que no se les ha dado la palabra a los padres y han tenido que "exigirla", ha asegurado que “vuelven a equivocarse al presentar en Les Corts una nueva proposición de ley en la que las familias tampoco hemos participado”.

Dado que se decide la lengua vehicular que se imparte es algo "muy importante en el éxito escolar", reclaman a los dirigentes autonómico que “un tiempo de maduración y consenso a esta proposición de ley”, además de puntualizar que los padres “no tienen ningún problema con el castellano ni con el valenciano".

Según la presidenta de la confederación, en el título de referencia dice proposición de ley por la que se regula y promueve el plurilingüismo, pero “a la luz de lo expuesto que sería más acertado decir proposición de ley por la que se impone y regula la lengua valenciana en el sistema educativo” ya que la normativa “no habla en ningún momento de promover el castellano en aquellas zonas cuyo predominio lingüístico es el valenciano, tampoco le da impulso a la lengua extranjera, el inglés, pues lo deja como algo progresivo que si llega bien y si no, mala suerte”.

Respecto al artículo 6 de la proposición de ley, el tiempo destinado a cada una de las lenguas cooficiales de forma obligatoria es del 25% de las horas lectivas para cada lengua. Sin embargo, en el artículo 11 habla del 50% en valenciano. “¿En qué quedamos?”, se ha preguntado Llopis, quien también se ha referido a la falta de docentes formados y capacitados en inglés y valenciano.

Como propuestas, desde Concapa se ha solicitado la creación de unas comisiones en las que “podamos expresarnos todos los sectores y exponer propuestas para llegar a un consenso cualificado; además de que sea una ley valenciana de educación que abarque las necesidades del sistema educativo”. Ha insistido en que la ley “debe respetar la libertad y la elección de las familias en cuanto al modelo educativo y la lengua vehicular”. Una normativa que tenga presente las lenguas cooficiales y la lengua extranjera, el inglés prioritariamente, “incluso con un mayor porcentaje si cabe y sin límites”.