Los expertos de la Generalitat Valenciana consideran «insuficiente» el borrador de financiación del Gobierno

Así lo recogen las conclusiones que los técnicos han presentado este miércoles a la comisión mixta en las Cortes Valencianas y a la Plataforma per un Finançament Just en la Generalitat, a unos días de que acabe el lunes 31 el plazo para que las autonomías presenten alegaciones al «esqueleto» del Gobierno.

En el informe, advierten que el borrador de Hacienda y su planteamiento de la población ajustada «no garantiza la solución de los problemas de infrafinanciación de la Comunitat, pues con algunos de los indicadores que se contemplan con escaso fundamento podría mantenerse una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas».

De esta manera, abogan por eliminar los fondos del sistema de financiación que provocan «el mayor alejamiento de la media de la Comunitat» y que todos los recursos se distribuyan en base a la población ajustada. También insisten en pedir un fondo de nivelación transitorio en 2022 hasta que llegue la «inaplazable» reforma, un mecanismo transparente para compensar la deuda histórica a las comunidades autónomas infrafinanciadas y que el Gobierno garantice la suficiencia financiera para mantener el Estado del Bienestar.

Tras conocer las conclusiones, a través de una declaración institucional, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig , ha avanzado que las asumirán en las alegaciones que enviarán al Ministerio y ha pedido « unidad de negociación » de los partidos políticos para lograr «el gran acuerdo de una España justa».

El también líder del PSPV ha exigido la aplicación urgente del fondo de nivelación, que el nuevo modelo elimine las variables no poblacionales y garantice la suficiencia para no quedar «obsoleto» en unos años, que haya más participación de las autonomías en los impuestos y que la compensación de la deuda sea de manera objetiva.

Según ha explicado, la Generalitat propone cambios técnicos para recalcular las variables en el nuevo modelo. En Sanidad, utilizar la población de derecho por tramos de edad en lugar de la protegida; en Educación, incluir toda la población de 0 a 17 años, y en Servicios Sociales incorporar la población dependiente de menos de 65 años y ajustar esta variable al gasto real.

En la reunión con la plataforma también ha participado la vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra , y el conseller de Hacienda, Vicent Soler , quien previamente ha destacado que las alegaciones son fruto de la unidad y el «rigor» para alejar «cualquier mirada partidista». Una unidad que ve más importante que el contenido del documento, donde ha garantizado que se han realizado revisiones «con total libertad».

Soler ha recordado que quedan «muchos meses para estudiarlo», de cara a la futura negociación de la reforma, y ha confiado en que el documento de alegaciones «se envíe a Madrid tal y como está», dado que el comité de expertos que asesora a la Generalitat en esta materia se constituyó en 2013 y tiene «todas las garantías».

El también socialista José Muñoz ha valorado las conclusiones como un buen punto de partida y ha garantizado que velarán porque prime el criterio de población ajustada, para lo que ha pedido la colaboración del resto de los partidos. Ha reconocido que están «preocupados» por declaraciones como las de Pablo Casado al defender un modelo «totalmente diferente», por lo que ha pedido la colaboración del PP.

De Compromís , la coportavoz Àgueda Micó ha defendido que «toca continuar con la presión» a los diputados nacionales para que apoyen una reforma basada en la propuesta valenciana. Su portavoz adjunta en las Cortes Valencianaa Aitana Mas ha insistido en centrar el debate en la población ajustada y ha reconocido que le gustaría haber recibido el informe previamente.

También del Botànic, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima , ha exigido que el nuevo modelo vaya acompañado de una reforma fiscal y compense una deuda histórica ya «impagable» después de tantos años. Su compañera Estefania Blanes ha pedido que los ajustes de la población ajustada no vayan «en contra» de los intereses valencianos y que la negociación no se convierta en una «batalla entre comunidades».

Entre la oposición, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha garantizado que la propuesta cuenta «con todo el apoyo » de su partido, a falta de estudiarla a fondo, para lo que ha instado al Gobierno a seguir adelante porque «la pelota vuelve a estar en el tejado de Pedro Sánchez».

Sobre la postura de Casado, quien defendió en un mitin en Castilla y León un modelo que cubra las necesidades de regiones despobladas, Mazón ha remarcado que está «absolutamente de acuerdo» con este problema, pero ha hecho hincapié en que «nadie en el PP duda que la situación de la Comunitat Valenciana es un caso excepcional». «No queremos vencedores ni vencidos, ya hemos estado demasiado años en el bando de los vencidos», ha añadido.

Como portavoz 'popular' de Hacienda, Rubén Ibáñez, ha asegurado que los expertos dan «un duro golpe al Ministerio» y ha vuelto a denunciar que el Gobierno «juega con las autonomías en el puzle de la financiación» y a exigir «que Puig deje de ser una marioneta de Sánchez».

De Ciudadanos , su síndica, Ruth Merino , ha avisado que «ya no valen más excusas ni retrasos ni patadas adelante» y ha exigido valentía al Gobierno y que no tarde en convocar a las regiones. También la diputada Yaneth Giraldo ha dudado de que la ministra , la socialista Mª Jesús Montero , vaya a tener en cuenta las alegaciones y tenga «voluntad política», además de preguntarse qué pasará con el cupo vasco.

Entre los agentes sociales, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez , ha mostrado su apoyo «sin fisuras» a las alegaciones y ha destacado que no solo se centran en la situación de la Comunitat, sino que proponen «un sistema más justo». Para que sea realidad ha exigido unanimidad y no «enturbiar» el proceso, aunque ha reconocido que no será fácil.

Como secretaria de CCOO PV, Ana García, ha pedido « altura de miras » tanto al Gobierno como al resto de autonomías y ha defendido que se inicie una reforma fiscal a medio o largo plazo, además de destacar que las constantes reivindicaciones de la plataforma hayan situado el debate en la agenda nacional.

De la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha resaltado la unidad de los partidos y la sociedad civil y ha insistido en que la reforma incluya tanto el fondo de nivelación como la compensación de la deuda valenciana vinculada a la infrafinanciación que «ya está cerca del 50%».

Y por parte de Vox , partido que no está integrado en la plataforma, la diputada Llanos Massó ha augurado que las conclusiones no servirán para solucionar la infrafinanciación, ya que ha advertido que la reforma supondrá una subida de impuestos. Por eso ha avisado que su partido no entrará en «un falso debate que está viciado desde el origen».