Las Cortes instan al Consell a encargarse de la supresión de barracones si los Ayuntamientos no pueden asumirla

En el decreto de la conselleria de Educación -con una inversión de 700 millones de euros entre 2018 y 2022 para edificar 200 colegios y reformar otros 500- se fija una delegación de competencias a los consistorios para la puesta en marcha de nuevas infraestructuras educativas. Contempla, también, que sean los Ayuntamientos interesados los que de forma voluntaria se adhieran al plan y realicen el proyecto, la contratación y la certificación de la obra, mientras que la Generalitat se hará cargo del coste económico de las infraestructuras educativas.

Podemos, sin embargo, ha mostrado su recelo ante esta inciativa como supuesta solución al incumplimiento de la promesa del Consell de acabar con los barracones durante esta legislatura. Para ello, presentó una moción en octubre en la que hacían constar que las inversiones no dependan «exclusivamente de la voluntariedad de las adhesiones de unos u otros municipios» -ni, como se incluye en el texto final, de los informes de legalidad de los secretario o interventores municipales-, sino que la Generalitat asumiera todas las responsabilidades.

La iniciativa ha sido aprobada finalmente este jueves en las Cortes Valencianas con una redacción que se ha consensuado incluso con el PP y que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. En ella, se insta al Ejecutivo valenciano a imprimir un ritmo «ordenado y continuo» a las inversiones necesarias para erradicar de «manera definitiva y con urgencia» los barracones y para dotar de instalaciones «dignas» a los niños y jóvenes, «asumiendo la responsabilidad de ejecutar la totalidad de las partidas de inversión previstas anualmente en el Presupuestos de la Generalitat».

Asimismo, el texto pide «favorecer la equidad territorial y social en la planificación de las inversiones en infraestructuras educativas, evitando la desigualdad entre municipios o barrios por su situación económica, su mayoría política o cualquier otro criterio meramente coyuntural». También puntualiza que, en caso de la no adhesión, por cualquier motivo, de un ayuntamiento, «el municipio que requiera de actuaciones contenidas en el mapa de infraestructuras determinará la actuación directa de la Generalitat con tal de asegurar la ejecución de las actuaciones necesarias».

De igual modo, pide «asumir el compromiso de presentar en la comisión correspondiente de las Cortes informes semestrales para que la ciudadanía pueda verificar el ritmo de implementación y ejecución del Plan Edificant y de las inversiones de la Conselleria en materia de infraestructuras». Los informes irán acompañados de copia de las resoluciones y convenios en los cuales se instrumenta la aceptación de la delegación, así como las de las delegaciones que no se hubieran materializado expresando los motivos de esta circunstancia.

En definitiva, y como explican desde Podemos, se trata de asegurar que la Generalitat va a encargarse de la construcción de los centros hasta el final. Una cuestión que especialmente preocupa en medianos y pequeños municipios con menor capacidad económica y donde puede surgir el inconveniente de que no puedan realizar una modificación presupuestaria si con ella incumplen el techo de gasto .

La moción ha sido defendida por el diputado de la formación morada Antonio Montiel, quien ha destacado que con ella se asegura que el Consell será en todo caso el responsable de ejecutar estas inversiones, sin «centrifugar» la carga a los Ayuntamientos, y que las obras se harán a un ritmo adecuado y de forma equitativa.

Además, ha defendido que Las Cortes tienen «el deber y el derecho» de exigir informes periódicos para verificar el ritmo del Plan Edificant y ha alertado de que no es «conveniente ni saludable» que Ciegsa se mantenga hasta 2020, y ha opinado que «alguien» tendrá que pedir disculpas por que en esta legislatura no se acabará con los barracones.

La socialista Ana Besalduch ha defendido que ya existe un «ritmo ordenado y continuo» en las inversiones educativas y ha aprovechado para alertar de que si Podemos no aprueba los Presupuestos de 2018 «será muy difícil» cumplir el objetivo de acabar con los barracones.

Josep Nadal, de Compromís, ha indicado que esta moción muestra una «preocupación honesta y sensata» por las infraestructuras educativas públicas y un «interés especial» por la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que ha defendido que la Conselleria no hace «dejación de funciones» en la construcción de centros.

Para el diputado del PP Vicente Casanova, el texto es «una enmienda a la totalidad» del decreto ley del Consell del Plan Edificant, pero la aportación del PP al texto garantizará que «ningún Ayuntamiento se quede sin colegio» y la Conselleria asuma su responsabilidad «y no la eche sobre los alcaldes, que bastante tienen».

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos Emigdio Tormo ha mostrado el apoyo «sin reservas» a la moción, que es el «reconocimiento» de que «las cosas se están haciendo rematadamente mal». Además, ha considerado que Podemos debería hacer «bandera» de acabar con los barracones para aprobar los Presupuestos, igual que hace con la tasa turística.