El presidente del PP de Valencia, Vicente Betoret, niega haber cometido o conocido delitos en Imelsa

Tras asegurar que si acabara investigado hará "lo que considere mejor para el partido" pero ahora sería elucubrar, Betoret ha comentado que estudia acciones legales contra Benavent y ha contestado con un "rotundamente no", al ser preguntado si como secretario general de Alfonso Rus no advirtió alguna irregularidad en la Diputación.

Arropado por la portavoz del PP en la Diputación, Carmen Contelles , y el exsecretario general del PP de la provincia, Vicente Ferrer , ha reconocido que durante tres años fue consejero de Imelsa, ha asegurado que aún no tiene notificación del juzgado sobre una posible imputación y ha defendido que por encima de todo está "el sufrimiento" de su familia. Betoret ha añadido que ha hablado con Génova y le ha trasladado "tranquilidad".

El que fuera alcalde de Villamarchante y hombre fuerte en la formación desde 2004 de la mano del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, uno de los veinticuatro detenidos en la operación Taula, ha sido señalado por Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública Imelsa, que se declaró «yonki del dinero». Los investigadores de la Unidad del Crimen Organizado de la Guardia Civil tratan de confirmar si Betortet era conocedor de la trama criminal que amañaba comisiones a cambio de contratos públicos.

Betoret relevó a Rus como presidente del PP en la provincia de Valencia tras la difusión de las grabaciones que implicaban al que fuera también alcalde de Xàtiva en la trama de «mordidas» en la Administración. En la actualidad, Betoret es diputado en las Cortes Valencianas, por lo que goza de la condición de aforado. Por ello, solo puede citarle en calidad de investigado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El conocido como caso Imelsa consta ya de quince tomos (4.500 folios) . Un dato que revela la magnitud de la causa que instruye el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que contará con un magistrado de refuerzo. De hecho, se investiga una organización criminal infiltrada en las Administraciones de la Comunidad Valenciana durante quince años.

De acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la documentación incautada en los registros está clasificada en diez piezas documentales , integradas, cada una de ellas, por varios tomos.

En el «caso Imelsa», declarado secreto hasta el próximo 14 de marzo , hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

En la pieza separada, con 49 personas imputadas (concejales, exediles, asesores y exasesores), se investigan las donaciones que efectuaron al Partido Popular ara blanquear dinero.