Condenado por prevaricación un exalcalde socialista que vendió terrenos a una fábrica ilegal

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, impone también tres meses de cárcel y una multa de 1.048 euros al empresario responsable de la planta industrial, Hilario Cañadas, por un delito contra la ordenación del territorio.

Vicente Llinares presidió la corporación de esta población de menos de mil habitantes ubicada en la comarca de la Marina Baixa entre 1983 y 2011.

El titular del juzgado de lo Penal 6 de Alicante, Eugenio Alarcón, ha aplicado a ambos acusados las atenuantes de reparación del daño, pues la fábrica fue desmantelada hace tiempo, y la de dilaciones indebidas, por las demoras en el procedimiento.

Los hechos se remontan a finales de 1999, cuando la mercantil Hormigones Orxeta SL instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta.

Esos terrenos estaban calificados como suelo no urbanizable de especial protección de monte y el empresario carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque esperaba obtenerla "en un futuro próximo de acuerdo con el alcalde", según recoge el fallo.

De hecho, el industrial había comprado las parcelas al propio Llinares por diez millones de las antiguas pesetas (60.000 euros), de los que le adelantó dos millones (12.000 euros) y aplazó el pago de los ocho millones restantes en 24 mensualidades.

El entonces alcalde denegó la licencia de actividad a la hormigonera en diciembre de 1999 e incoó un expediente de disciplina urbanística. Sin embargo, lo hizo solo a efectos formales, pues no adoptó "medida alguna de restauración de la legalidad y de la realidad física alterada", tal y como ha dictaminado ahora el juez.

El fallo añade que Llinares incumplió "su deber de garante" de esa legalidad urbanística y "consintió" tanto las obras de construcción como la actividad industrial "desarrolladas sin licencia".

Igualmente, ignoró las reiteradas denuncias de un vecino afectado y promovió un expediente para recalificar el suelo de no urbanizable a industrial que fue aprobado provisionalmente por el pleno municipal en junio de 2000.

Dos años más tarde, como la Generalitat no había ratificado esa reclasificación, que finalmente desestimó, Llinares firmó un convenio con la mercantil que autorizaba la actividad.

La planta de hormigón funcionó a pleno rendimiento al menos hasta septiembre de 2007, cuando un juzgado ordenó el cese de la actividad, y en enero de 2009 aún no había sido desmantelada.

El magistrado entiende que el empresario incurrió en un delito contra la ordenación del territorio, mientras que el exalcalde cometió un delito de prevaricación administrativa en el ámbito urbanístico.

Este último tenía "pleno conocimiento" de que la fábrica no podía funcionar en esos terrenos, pero lo permitió desde su inicio, en 1999 o 2000 hasta el año 2009, y "trataba de justificarlo y autorizarlo a toda costa".

Incluso, agrega el juez, impulsó modificaciones del planeamiento urbanístico y una declaración de interés comunitario que la Generalitat no llegó a trámite al pretenderse "algo ilógico".