Compromís se alía con ERC y la CUP en el Congreso para pedir la demolición de la ampliación del Puerto de Valencia

El texto insta al Gobierno de Pedro Sánchez a «desistir» del proyecto actual -pese a que se ha dado por buena la polémica Declaración de Impacto Ambiental de 2007- y a que renuncie tanto «a la construcción de una nueva terminal de cruceros», como a las infraestructuras asociadas: «la duplicación de carriles de la A-7 (by-pass), de la V-30 o la de la V-31, y, en particular, el de acceso norte al puerto».

Además, se pide al Ministerio de Transportes que desmantele el dique norte -que costó más de 200 millones de euros- para paliar el «lamentable estado» de las playas de Pinedo y el Saler, así como «la amenaza para el parque natural de l’Albufera».

La PNL no saldrá adelante, salvo sorpresa, pues el PP está a favor de la ampliación y el PSOE siempre ha remitido al criterio de los técnicos -que han dado luz verde al proyecto- para marcar su posición. Se da la circusntancia de que uno de los partidos firmantes de esta propuesta, la formación independentista ERC, hace suya una reivindicación de la izquierda valenciana mientras guarda silencio sobre la ambiciosa ampliación que prepara el Puerto de Barcelona , competidor del de la capital del Turia.

La proposición también recoge que se paralice y se desista del proyecto de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de La Punta y «buscar un nuevo destino a los actuales terrenos sobre los que se asienta la misma», pues «fueron expropiados por vía de urgencia para otra ampliación del recinto portuario» y «tras más de veinte años siguen desocupados».

Un espacio, propiedad del Estado, que consideran clave como nexo de unión entre el Jardín del Turia y la Albufera. «Su uso como parte de una potente infraestructura verde de ámbito supracomarcal tiene mucho mayor retorno social, económico y ambiental como pieza clave en la estrategia de resiliencia territorial en un escenario de cambio climático, que como un polígono industrial que, de ser necesario, puede encontrar ubicaciones más adecuadas», justifican.

Del mismo modo, se emplaza al Gobierno a garantizar que la Autoridad Portuaria de Valencia «no solo facilite la investigación que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas sobre el irregular rescate de concesiones portuarias y la compensación pactada con una mercantil cuyo principal accionista es miembro del consejo de administración de la APV, sino que proceda a la depuración interna de responsabilidades en que se hubiera podido incurrir en la aprobación de dicha operación y que, en base a las irregularidades confirmadas por la Intervención General y la Asesoría Jurídica del Estado, han llevado a la declaración de lesividad adoptada por el referido consejo en su sesión de 29 de junio de 2021».

Por último, proponen que todas esas inversiones se reasignen a paliar el impacto y los daños de la actividad portuaria en barrios y playas cercanas, a reducir las emisiones de CO2 y a «repensar» los núcleos urbanos al escenario de crisis climática, bien potenciando el transporte público o la «ecoagricultura de proximidad». En ese sentido, se insta a reformar la Ley de Puertos para adaptarla a los objetivos de desarrollo sostenible.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha arremetido este martes contra esta iniciativa: «Tengo pocas cosas que decir sobre eso, lo único que quiero es una reflexión sobre quién la apoya, que es Esquerra Republicana de Catalunya cuando el Puerto de Barcelona lo han duplicado y se han cargado todo lo que era la desembocadura del Delta de Llobregat y aquí nadie ha dicho nada».

«Y ahora estos señores vienen aquí, no se qué pintan aquí. Bueno sí, que tenemos un alcalde que es catalán -Joan Ribó nació en Manresa- y la Copa America está en Barcelona y no voy a seguir diciendo cosas, pero pido una reflexión». ha añadido.