Alfonso Grau presenta una vivienda de 1,3 millones de euros para cubrir la fianza impuesta por el juez

La aternativa era, en una segunda fase del trámite (y para la que tenía diez días), comunicar una relación de bienes (como cuentas corrientes, inmuebles o joyas) que estuvieran a su nombre para que puedan ser embargados judicialmente. El exvicealcalde ha designado así como bien susceptible de cubrir la fianza exigida una vivienda de 246 metros cuadrados útiles situada en Valencia con la que, expresa en el escrito remitido al juzgado, «se cumplimenta en exceso la cantidad indicada». Para la cuatificación económica incluye la estimación de valor de dos inmobiliarias, la cual se sitúa entre 1,3 millones y 1,4 millones de euros.

Grau ha presentado este bien tras recurrir la fianza de un millón de euros al considerar que se trataba de una cantidad injustificada, pero explica que ese cauce impugnatorio se mantiene «sin perjuicio del presente».

El exvicealcalde de Valencia se encuentra investigado por malversación, cohecho y un presunto delito electoral continuado en el PP de Valencia en el año 2007 y fue citado el pasado 6 de octubre, pero se acogió a su derecho a no declarar . Estas nuevas imputaciones se producen en el marco de la subpieza del caso relativa a la financiación del PP de Valencia en la campaña de 2007, que trata de determinar un presunto delito electoral continuado que también se habría producido en los siguientes comicios de 2011 y 2015 (en los que igualmente venció Rita Barberá). A su vez, tendría relación directa con el supuesto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal por el que medio centenar de concejales y asesores se encuentran imputados al haber realizado donaciones de mil euros para las campañas que les habrían sido devueltas en dos billetes de 500.

El último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juzgado arroja como principal conclusión que el PP recibió dinero de forma ilegal para la campaña de 2007 con Alfonso Grau y el administrador de la empresa de comunicación Laterne, Vicente Sáez Tormo -fallecido-, como responsables claves.

Esta mecánica se habría llevado a cabo a través de contratos suscritos con Laterne, la cual habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones que sufragaran la campaña ya desde 2006. El coste oficial de los gastos era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los casi tres millones de euros.

El exvicealcalde de Valencia habría gestionado la contratación con Laterne, pero también habría supervisado todos los trabajos. A él se apunta nuevamente como el recaudador de este dinero irregular.