El Ayuntamiento de Alicante recurre el auto que anuló su cambio de calles franquistas

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el consistorio solicita además que, en caso de mantener las medidas cautelares que obligan a la reposición del anterior callejero, se exija una garantía de 19.508 euros al PP, en concepto de coste por el recambio de las placas.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante accedió a la medida cautelar solicitada por el PP y obligó a la reposición de las placas en 47 calles, barrios y plazas con nombres franquistas que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, dirigido por el socialista Gabriel Echávarri , acordó modificar en aplicación de la Ley de Memoria Histórica .

En el recurso, con fecha del pasado día 20, el Ayuntamiento argumenta que las medidas cautelares se fundamentan en hechos no alegados y entiende que se ha "concedido más de lo solicitado" por el PP al acordar la suspensión y la "retroacción" de las actuaciones con la reposición de las placas antiguas "con las anteriores denominaciones de las calles, así como especialmente el envío masivo de comunicaciones a otras Administraciones, entidades y organismos dando cuenta de la suspensión acordada".

A su juicio, con ello se ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución Española en lo referente a la tutela efectiva ya que al conceder "más de lo pedido", el Ayuntamiento está en "una posición de desventaja" al cercenar sus "posibilidades de defensa".

De ese modo, se plantea al juzgado "la posible suspensión de la ejecución del auto, hasta que se decida sobre el recurso de apelación interpuesto" para evitar "mayores perjuicios". En cuanto a la cantidad solicitada en garantía, 19.508 euros, se cifra en base al coste de la reposición de las antiguas placas -9.754 euros-, que se duplicaría en caso de tener que recolocar las nuevas.

Además, el Ayuntamiento niega que se iniciara el cambio de calles a pesar de conocer el inicio del procedimiento a instancias del PP y argumenta que la Junta de Gobierno tomó la decisión el 15 de noviembre y que en ese momento "cambiaron de nombre todas a la vez", "con independencia de cuándo se hayan cursado las comunicaciones o de cuándo se hayan cambiado las placas de rotulación".