La Audiencia expulsa del caso Taula a la diputada de Esquerra Unida que lo denunció

Tras conocer la resolución, se ha mostrado «perpleja» en un comunicado. «Sin el exhaustivo trabajo de fiscalización y sin la denuncia interpuesta por Esquerra Unida, hoy no habría caso Taula» ha afirmado la diputada de izquierdas, quien asegura «sentirse perseguida» .

Pérez ha calificado esta decisión judicial de una nueva traba para que no pueda ejercer la acusación particular en la causa. La actual diputada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica en la Diputación de Valencia ha explicado además que «previamente a la interposición de las diferentes denuncias que dieron lugar al caso Taula, se realizó una importante aportación de información e investigación, como evidencia, por ejemplo, la denuncia pública de la contratación LED o la existencia de una presunta trama internacional de desvío de dinero hacia Brasil».

Además, mantiene que «ejercer la acusación popular significaría mantener este firme compromiso con la persecución de los corruptos, garantizando que sean investigadas cuestiones muy graves que ya se incluyeron en la denuncia inicial y que a fecha de hoy no están siendo investigadas ni por la Guardia Civil ni por la Fiscalía».

La diputada de izquierdas afirma que «parece ser que la razón de mantenernos en un limbo jurídico después de demostrar que el asesor que fue imprescindible para la fiscalización de Imelsa realizó efectivamente su trabajo, no era más que mantenernos alejados de la investigación. No nos parece casual que se investigue si se podía tener asesores o no, mientras que se obvian cuestiones como las LED o los modificados de obras del área de Carreteras con informes contrarios del oficial mayor».

«A excepción de dos adjuntos –ha continuado Pérez Garijo– no figura en el expediente nada más, ni la denuncia que dio lugar al procedimiento donde también constan presuntas irregularidades de épocas anteriores a Marcos Benavent».

«Es evidente –ha proseguido– que mi presencia es incómoda y continúa siéndolo, puesto que nunca ha mirado hacia un lado cuando se trataba de corrupción, ni antes ni ahora».

Sobre el momento actual, ha querido poner como ejemplo las trabas que se le han puesto desde la actual gerencia de Divalterra (antigua Imelsa) a la obtención de documentación sobre los trabajos realizados por la letrada Emma Ramón, quién fue contratada por la empresa pública para personarse en el caso casi un año antes de que se hiciera efectiva la personación, por lo que facturó 44.000 euros.