Anticorrupción defiende la legalidad de los audios en Imelsa y apunta: «Había una caja B del PP pagada por empresarios»

Así se ha pronunciado el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce durante la exposición de sus conclusiones en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valencia por la pieza Thematica del caso Imelsa, en la que hay nueve acusados por supuesto desvío de fondos públicos a empresas como la que porta dicho nombre.

El fiscal ha reiterado que los audios aportados al procedimiento no están manipulados -pese a la nueva versión ofrecida por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado ' yonki del dinero '- y ha puntualizado que el propio investigado, para quien pide ocho años y tres meses de prisión, daba detalles a la Guardia Civil cuando se reproducían al inicio de la investigación. «En ningún momento comentó ninguna manipulación», ha subrayado.

Así mismo, el fiscal, quien ha negado que exista cuasi descripción o prescripción de delitos, se ha detenido en la financiación irregular del PP. Ha expuesto que el exalcalde de Moncada, para quien reclama cinco años de prisión, fue pieza «clave» en las elecciones de 2007 y 2008 al convertirse también en coordinador de campaña.

Ha indicado que en Moncada y Vilamarxant -municipio al que aspiraba el diputado Vicente Betoret - «no es casualidad» que se trabajara con Thematica.«Se ha acreditado hasta la saciedad que todos los trabajos que facturó Thematica fueron realizados y pagados, no por el PP, sino por Imelsa», ha dicho.

«Medina -ha agregado- se niega a hacer el pago y lo paga Imelsa. Es imposible que lo pagaran los concejales. Sí hay caja B, no porque lo diga el fiscal, sino porque además lo dice una sentencia de la Audiencia Nacional. Caja B que, además, estaba siendo pagada por los empresarios . Es evidente que el dinero que paga Thematica debe ser recuperado a través de inflar las facturas en los contratos con Imelsa», ha expuesto.

A su entender, «era muy sencillo hinchar facturas y en Imelsa no había ningún tipo de control. Llegaban las facturas y se ponían los cheques».

En relación con la responsabilidad civil subsidiaria del PP, el fiscal ha señalado que el Supremo ya condenó en 2020 al PP con responsable por pagos abonados a través de un ayuntamiento. «Se requiere vinculación de la persona que realiza los gastos con la persona que los paga. Los gastos electorales se realizan en beneficio del PP, eso es lo relevante, aunque sea de forma díscola o no autorizada, es conocido. Y lo es porque Medina es coordinador de campaña y porque el pago no abonado por el PP le beneficia».