Alcaldes de Compromís se saltan la ley y exigen a su Policía Local saber valenciano

Así, los ayuntamientos de Ondara (Alicante), Bellreguard y Oliva (Valencia), gobernados los tres por Compromís con apoyo del PSOE (en dos de ellos se tunan en la Alcaldía), han convocado oposiciones para cubrir plazas en la plantilla de su Policía Local en las que exigen a los aspirantes estar en posesión del título que acredita conocimientos de valenciano. Invariablemente, los edictos de los tres consistorios exigen como «requisito que deben reunir los aspirantes» el de «estar en posesión del certificado de Grado Elemental (B1) de conocimientos del valenciano expedido por la Junta Calificadora». Es decir, todo aquel que no tenga dicho certificado queda excluido del proceso selectivo.

Esta exigencia de los alcaldes de Compromís choca frontalmente con la normativa autonómica que regula el acceso a la Policía Local en la Comunidad Valenciana. El Decreto 88/2001 , de 24 de abril, del Gobierno Valenciano –que fija las «bases y criterios generales uniformes» para la selección, promoción y movilidad en todas las categorías de la Policía Local de la región–, establece que acreditar conocimientos de valenciano otorga puntos extra a los aspirantes, pero no es un requisito imprescindible.

Lo único que establece dicha normativa (aún vigente) en su artículo 6 es que se realizará un «ejercicio sobre el conocimiento del valenciano» en aquellos municipios donde la lengua autóctona se emplee de forma habitual, y que este ejercicio, en cualquier caso, «tendrá carácter obligatorio pero no eliminatorio» . De esta forma, los tres edictos –que citan dicho decreto como «normativa de aplicación»– añaden un requisito extra al artículo 4, y exigen el título de valenciano del que nada se dice en el Decreto 88/2001.

El conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís) , ya ha anunciado que va a establecer el «requisito lingüístico» para la función pública, de forma que saber valenciano será imprescindible para convertirse en funcionario en la Comunidad Valenciana. Una política que sigue la senda emprendida en Cataluña de primar la lengua cooficial frente al castellano. Sin embargo, en estos momentos el valenciano aún no es un requisito eliminatorio, por lo que los alcaldes que exigen el título están obviando la normativa vigente. En este sentido, cabe destacar que los ayuntamientos no están habilitados para modificar por su cuenta y riesgo el decreto autonómico de las oposiciones.