La Comisión de Venecia decidirá de forma inminente si analiza los estándares democráticos de la amnistía

En este caso, el informe sería elevado para su aprobación en la siguiente reunión plenaria de la Comisión de Venecia, prevista para el mes de marzo. Para ese momento, y pese al carácter de urgente que el PSOE ha conferido a la ley, el texto no habrá completado su tramitación, por lo que, si acepta la petición del Senado, sus conclusiones serían públicas antes de la aprobación de la ley.

Si bien no existe una aceptación «automática» de las solicitudes que recibe este órgano internacional, una fuente parlamentaria del mismo da «prácticamente por seguro» que la petición del Senado español será aprobada. Sus dictámenes no son vinculantes, pero son una referencia que utiliza la Comisión Europea cuando tiene que decidir sobre leyes que pueden chocar con los principios del Estado de derecho y las propias normas de la Unión Europea (UE). En el caso de la nueva ley de amnistía, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ya ha confirmado que se mantiene a la espera de que el texto sea aprobado para analizarlo.

A diferencia de lo que sucede con Bruselas, que no se pronunciará hasta que la legislación haya sido aprobada, la Comisión de Venecia puede emitir dictamen en mitad de la tramitación parlamentaria en España sin ningún problema, ya que su objetivo es orientar a los países a legislar mejor. Por tanto, forma parte de su labor emitir informes sobre proyectos legislativos antes de la aprobación de enmiendas o de últimas votaciones para que así los países tengan posibilidad de incorporar su recomendaciones.

La Comisión de Venecia pertenece al Consejo de Europa, un organismo internacional ajeno a la UE pero en el que participan todos los países de la Unión junto a otros externos, hasta un total de 47. Entre sus últimos informes importantes relacionados con España se encuentra el que recomendó modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acercarlo más a los estándares del Estado de derecho e independencia judicial. Ese dictamen sirvió de base a la Comisión Europea para hacer posteriormente la misma petición a España. En el caso de la ley de amnistía, el Senado español ha pedido a la Comisión de Venecia que le indique los criterios «necesarios para que una medida como la amnistía resulte acorde con los estándares del Estado de derecho».

La solicitud del Senado salió adelante gracias a la mayoría absoluta que los populares ostentan en esta cámara. El PP sostiene que la nueva ley pactada por el Gobierno y sus socios es claramente inconstitucional y ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Por ello, su petición a la Comisión de Venecia incluye también varias preguntas

Entre ellas, si este órgano considera compatible con sus criterios «la posibilidad de amnistiar los delitos de terrorismo», si ve «aceptable y acorde a los estándares de un Estado constitucional y democrático de derecho que la amnistía se apruebe para delitos de malversación y corrupción» o si la futura ley podría suponer «una infracción del principio de división de poderes» y poner en riesgo «la independencia judicial y la separación de poderes».

Como ya informó ABC, dentro de la labor realizada por la Comisión de Venecia se encuentra su resolución sobre la ley de amnistía de Georgia, siendo ésta la única vez que ha informado sobre una medida de este tipo, aunque ese caso era distinto del español porque se aplicaba a presos políticos, no a políticos que han delinquido, como sería el caso de nuestro país. Aun así, la Comisión de Venecia advirtió que la amnistía georgiana atentaba contra el Estado de derecho.