El CGPJ no logra dar una respuesta a la llamada de auxilio del Tribunal Supremo

Los vocales habían acordado convocar un pleno extraordinario tras el informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo adoptado por su Sala de Gobierno el pasado 16 de enero. En ese escrito se emplazaba al Consejo a que se dirigiera al Congreso y al Senado para dar un «remedio inmediato» a su grave situación.

La Comisión Permanente, el núcleo duro del Consejo que conforman siete vocales, elaboró una propuesta para discutirla en el Pleno. El texto urgía al legislativo a renovar el Consejo o, de lo contrario, a que le devuelva las competencias para hacer nombramientos para poder solucionar esta situación crítica. Pero el Pleno tumbó la propuesta de la Permanente por 11 votos a 7. Tampoco salió adelante el texto alternativo de los vocales Enrique Lucas y Gerardo Martínez-Tristán, en este caso por 9 a 8 votos y uno en blanco. Esta segunda propuesta solicitaba a las Cámaras que se habilitara al CGPJ para efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir, a propuesta motivada de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el mínimo de vacantes necesario para garantizar el normal funcionamiento de sus distintas salas. La diferencia fundamental entre una y otra propuesta, que han contado de forma indistinta con votos de vocales conservadores y progresistas, es que la primera se refiere tanto a la situación del Supremo como a la de los restantes órganos judiciales afectados por la reforma que maniata al CGPJ. La segunda, solo alude al Alto Tribunal.

En el voto particular formulado por Álvaro Cuesta (propuesto por el PSOE), Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz (propuestos por el PP) se lamenta que el Pleno no haya llegado a un acuerdo «pese a los objetivos, fundamentación y espíritu de consenso» que inspiraba la propuesta de la Comisión Permanente. «La remisión de tal documentación a las Cortes (entre la que figuraba el informe explicativo de la situación de las salas del TS) habría permitido comprobar a las Cámaras la urgencia de las medidas cuya adopción se interesaba».

En su informe, de hace dos semanas, la Sala de Gobierno señalaba que actualmente el Tribunal Supremo cuenta con 19 vacantes de la plantilla legal de 79 (24 por ciento) y que en los próximos meses esa cifra alcanzará las 24 (un 30,37 por ciento). Apelaba a que el Parlamento, de quien depende la renovación del Consejo, establezca un «remedio inmediato» a esta situación para «evitar que empeore».

A lo largo de este año sólo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas.

Por otra parte, y en plena polémica por las rebajas de la ley del «solo sí es sí», el Pleno del CGPJ acordó ayer pedir a los tribunales superiores de justicia y a las audiencias provinciales «todas las resoluciones» dictadas en aplicación de esa norma. Según informaron fuentes del Consejo la propuesta ha partido de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, que quiere «hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en aplicación de la ley».