El TSJC imputa al «número dos» de Junqueras por el 1-O

En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que instruye el caso, acuerda fijar la declaración de Jové como investigado y pide que se aclare cómo se localizó el original de la agenda Moleskine del imputado, documento que detalla la hoja de ruta del proceso unilateral a la independencia y que ha resultado clave en las causas contra los líderes del «procés».

El alto tribunal abrió una investigación a Jové, ex secretario general de Vicepresidencia y ahora aforado dado su condición de diputado de ERC, a raíz de un informe del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que detallaba los indicios que lo relacionan con la organización del referéndum del 1-O.

Por ese motivo, la magistrado ha remitido un oficio al titular de ese juzgado en el que pide que le informe, «a la mayor brevedad posible, sobre la localización del original de la agenda Moleskine» que la Guardia Civil intervino en el registro del domicilio de Jové que el juez ordenó el 20 de septiembre de 2017.

El auto también emplaza a la Guardia Civil a informarle de si ha concluido el «examen y análisis de los documentos y herramientas informáticas» intervenidos a Jové en el curso de la operación policial del 20S y aclare si en los últimos meses se ha ampliado algún atestado relacionado con el exsecretario de Economía.

Otra de las gestiones que ordena la juez es la certificación de las notificaciones y requerimientos personales que el Constitucional remitió a Jové.

Asimismo, la magistrada acuerda fijar una fianza de 8.000 euros a VOX -partido cuya denuncia dio pie a que el titular de instrucción 13 abriera la causa sobre los preparativos del referéndum- para permitirle ejercer la acusación popular en la causa contra Jové y le da cinco días de plazo para abonarlos.

En su auto, Alegret requiere a acusaciones y defensas para que le expongan las diligencias que quieran practicar en relación con la imputación del exnúmero dos de Junqueras.

El TSJC abrió una investigación a Jové, al considerar que hay indicios que lo relacionan «con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional y con la asistencia al referéndum convocado por el Govern».

Entre esos indicios, la sala apunta a la posible participación de Jové en el «comité ejecutivo del entramado» creado por el Govern «y otros actores», desde 2015, para conseguir la independencia de Cataluña «tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional».

Asimismo, la sala sostiene que Jové podría ser autor de un delito de revelación de secretos, por la utilización ilícita del fichero de datos personales de la población de Cataluña del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para el referéndum unilateral.