El Parlament insta a revalidar las leyes suspendidas por el TC

La moción, que fue defendida por el portavoz adjunto de Junts pel Sí Roger Torrent, fue aprobada con una amplia mayoría, ya que contó con los votos favorables tanto de JpS como de la CUP y de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), mientras que el PSC ha aceptó dos puntos, y Ciudadanos y PP votaron en contra.

Uno de los puntos aprobados más controvertidos insta al Govern a que, «mientras no sean aprobados los nuevos proyectos de ley, se hagan todos los pasos y acciones necesarias y el despliegue legislativo para asegurar que los derechos conseguidos por la ciudadanía de Cataluña mediante las citadas leyes recurridas puedan ser garantizadas en cualquier caso». «Dejando así, sin efecto práctico la suspensión del Tribunal Constitucional» , añade. Dicho punto prosperó con los votos a favor de JpS, CSQP y la CUP); los en contra de C’s y PP, y la abstención del PSC.

En el texto aprobado se acusa al Gobierno del Estado de «utilizar sistemáticamente al TC como arma para atacar la soberanía del pueblo catalán representada por el Parlament».

En la moción se «constata» que hay una «instrumentalización política» del TC y que se traslada a dicho tribunal «debates que no son de carácter jurídico, sino estrictamente de naturaleza política». El Parlament rechaza que, con esta forma de actuar, se cuestione «la estricta separación de poderes exigible en un estado de derecho», y se «vindica» la soberanía del pueblo catalán y de su Parlament.

Insta, en este sentido, al ejecutivo catalán a «trasladar a esta cámara con carácter urgente y prioritario» los proyectos de ley que permitan hacer plenamente aplicables y efectivas las leyes 24/2015 (de emergencia en materia de vivienda y pobreza energética), la 14/2015 (impuesto sobre viviendas vacías), la 12/2014 (impuesto sobre nucleares), y la 17/2015 (igualdad de mujeres y hombres).

Mientras tiene lugar la tramitación de estas leyes, el Parlament reclama al Govern que «despliegue todos los recursos disponibles» en estrecha colaboración con los ayuntamientos para el cumplimiento de los derechos contemplados en la ley 24/2015.

Un punto adicional aprobado surgido a partir de una enmienda de la CUP, y que solo contó con el apoyo de las dos formaciones independentistas, «manifiesta al TC que las decisiones de un tribunal arbitrario no obstaculizarán la legítima voluntad democrática del pueblo de Cataluña».