La Junta de Portavoces del Parlament pide al Gobierno investigar el «espionaje»

En concreto, la declaración pide al Gobierno de Pedro Sánchez «que investigue con la máxima celeridad y transparencia en los órganos pertinentes, que dé las explicaciones necesarias y se asuman las responsabilidades a todos los niveles pertinentes ante esta práctica ilegal de espionaje contra la disidencia política«.

Mediante el texto, el Parlament se ha comprometido a «proteger y preservar los derechos de las personas espiadas , entre ellas diputados de la Cámara, a través también de personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas, entre algunas acciones a emprender«.

Además, reclama al Estado la adopción urgente de medidas para «erradicar el espionaje político antidemocrático, y garantizar así que ninguna persona pueda ser víctima de espionaje y persecución por defender un proyecto político», y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y libertades.

La declaración asegura que el «caso de ciberespionaje masivo» supone una vulneración flagrante de derechos y manifiesta su solidaridad con las personas afectadas, entre las que recuerda que figuran la presidenta de la Cámara, Laura Borràs; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas, y otros diputados del Parlament.

Ha defendido que el caso -que tacha de escándalo que ataca a la propia democracia- debería preocupar al conjunto de fuerzas democráticas, y enmarca el uso del programa Pegasus en «la causa general contra el independentism o, iniciada en 2017 para contrarrestar un movimiento pacífico, cívico y democrático«.

El PSC-Units no ha apoyado la declaración contra el presunto espionaje porque no se han admitido enmiendas que había presentado su grupo parlamentario, han explicado fuentes socialistas consultadas por Europa Press.

Entre las enmiendas, el grupo liderado por Salvador Illa pedía eliminar las referencias a la «causa general contra el independentismo», a la persecución y a la disidencia política, así como exigir investigar al Estado , en lugar de al Gobierno central.