Un grupo de juristas exige a Rajoy que Torra «no pueda ejercer de manera efectiva» la presidencia de la Generalitat hasta que acate la Constitución

Acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esta es la premisa en la que se basan algunos juristas catalanes, a iniciativa de Teresa Freixes y Rafael Arenas, para que Rajoy tome medidas sobre Torra, quien tomará posesión mañana mismo , tras la firma del decreto de su investidura por parte del Rey Felipe VI y el propio presidente del Gobierno.

En la misiva, enviada este martes, y a la que ha tenido acceso ABC, se le solicita a Rajoy que «ejerza las funciones constitucionales que tiene atribuidas a fin de proteger el orden constitucional en Cataluña y la seguridad jurídica de sus ciudadanos y adopte las medidas necesarias para que el señor Torra i Pla, habiendo defendido el programa de gobierno que presentó los días 12 y 14 de mayo ante el Parlamento de Cataluña, no pueda ejercer de manera efectiva el cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña, con todas las funciones inherentes a dicho cargo; al menos en tanto en cuanto no manifieste de manera clara e inequívoca aquello a lo que constitucionalmente está obligado: su acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

Entre los firmantes, además de Freixes y Arenas, figuran los juristas Francesc de Carreras, Ana María Magaldi, Francisco Javier Béjar, José Domingo, Arturo Obach, Francesc Jufresa, Ferran Grasas, José Carlos Remotti, Olga Vázques, María Ruiz Barranco, Francisco Martínez Larriba e Inés Villanueva. Y también firman la carta especialistas en otros ámbitos como Joaquim Molins, Montserrat Baras, Joaquim Coll, Ana Losada, Nuria Plaza o Isabel Fernández.

Los que suscriben la iniciativa recuerdan que «el pasado día 12 de mayo, en el discurso que el señor Torra i Pla dirigió al Parlamento de Cataluña para solicitar su designación como presidente de la Generalitat indicó que su acción de gobierno se basaría en “la lealtad al mandato del 1 de octubre” y en construir un Estado independiente en forma de República»; y concretó que «su propósito expreso manifestado de manera solemne ante la Cámara es el de construir la República catalana y continuar con el proceso de secesión que incluyó el referéndum del 1 de octubre y la “declaración política de independencia” (palabras textuales del señor Torra i Pla) del 27 de octubre».

Por lo tanto, en opinión de los firmantes de la carta, Torra defendió «un programa que implica la derogación de facto de la Constitución en Cataluña y del Estatuto de Autonomía de Cataluña; y fue con ese programa con el que obtuvo la confianza de la Cámara». Reconocen que, aunque en España no existe el principio de «democracia militante», sí se exige «que las autoridades públicas ajusten su comportamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, ya que esta adecuación de la actuación de las autoridades y de la administración se conecta con el carácter de “Estado de Derecho” de nuestro país».

En esta línea, señalan que «repugna a la seguridad jurídica que los ciudadanos podamos estar sometidos a un poder público que se sitúa al margen de la ley» e indican que «es evidente que una declaración cuyo contenido sea anunciar el incumplimiento del ordenamiento jurídico debería tener consecuencias políticas , tanto a nivel de partidos y opinión pública como en lo que se refiere a la acción de gobierno; y dejando de lado las posibles actuaciones penales que pudieran derivarse».

Finalmente, la carta -dirigida y enviada ya a Rajoy- deja en el aire una pregunta de aparente fácil respuesta: «¿Podemos imaginarnos por un momento al presidente del Gobierno afirmando con solemnidad en el Congreso de los Diputados que su actuación de gobierno no estará sometida a los límites constitucionales y que no se entiende sometido a la ley y al Derecho?».