El Europarlamento lamenta que el Govern no cumpla las sentencias del 25% y pide a la Comisión que actúe

El informe aprobado señala de esta manera que el Parlamento Europeo «lamenta las actitudes de las autoridades del Gobierno catalán», no solo por no hacer cumplir las sentencias sobre el bilingüismo y el 25% de español en las escuelas de la comunidad, sino también por «alardear» de ello. Así, la Cámara de Bruselas «considera que estas actitudes y acciones, junto con el acoso a los demandantes, ponen en peligro el respeto del Estado de Derecho y la separación de poderes, lo que perjudica gravemente la ley y los derechos de los ciudadanos».

En el mismo texto, que tras su aprobación parlamentaria pasará al Consejo Europeo, se hace hincapié «en que la responsabilidad judicial, la independencia del poder judicial y la ejecución de las resoluciones judiciales son componentes esenciales del Estado de Derecho» y, por lo tanto, «pide a la Comisión que haga cumplir estos valores fundamentales de la Unión cuando sean vulnerados por los Estados miembros o cuando los Estados miembros no actúen en caso de vulneraciones cometidas por entidades subestatales con el fin de aumentar la confianza de los ciudadanos en la judicatura».

Para ello, los europarlamentarios piden a la Comisión Europea «que utilice todos los medios a su alcance para actuar en este sentido, en particular el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, cuando proceda» y que los Estados miembros «protejan a los jueces y fiscales de los ataques y presiones políticas que tienen como objeto socavar su trabajo, a fin de garantizar plenamente su independencia». Todo un toque de atención para las autoridades españolas que, sean nacionales o autonómicas, es decir, por inacción o por acción, están vulnerando los derechos de los niños, en materia lingüística, en las aulas de Cataluña reconocidos por los distintos tribunales de Justicia.

La eurodiputada de Cs-Renew y miembro de la Comisión de Peticiones, Maite Pagazaurtundúa, defendió durante su intervención en el pleno de este jueves que: «La Unión Europea tiene que hacer cumplir el Estado de Derecho también cuando los Gobiernos quedan impasibles ante entidades subestatales que lo vulneran, como la Unión Europea ha actuado en los casos de los ayuntamientos que declararon espacios libres de LGTBi en Polonia, y como debería actuar en el caso de Cataluña, donde hay sentencias que el Gobierno ultranacionalista tampoco quiere acatar».

El mismo informe también añade que el Parlamento Europeo «muestra su total solidaridad y pleno apoyo a todas las víctimas del terrorismo», «condena que Gobiernos que están actualmente en el poder negocien con los dirigentes de bandas armadas» y «lamenta que siga habiendo atentados terroristas sin resolver, en especial los 379 asesinatos sin resolver cometidos por el grupo terrorista ETA».

El informe sobre el Estado de Derecho es anual y lo elabora la Comisión Europea, que lo envía al Parlamento Europeo, institución que añade al documento las consideraciones que considera oportunas y, tras esto, lo envía al Consejo Europeo, formado por los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Aunque el informe final no es vinculante para el Consejo de Europa sí señala, en este caso, los puntos de mejora sobre el Estado de Derecho en los países miembros y marca una línea de actuación para la Comisión y el Consejo.