Enric Millo avisa que el Gobierno actuará si se obliga a funcionarios catalanes a trabajar el 6-D

En una entrevista de TV3, Millo ha asegurado que «si un político, no un funcionario, quiere ir a trabajar, que lo haga», como él mismo hará en cumplimiento de sus funciones como representante del Gobierno central en Cataluña en un día tan señalado.

Preguntado sobre qué haría si finalmente algunos ayuntamientos deciden declarar no festivo el 6-D y abrir las puertas del consistorio, como ocurrió en Badalona y en otros municipios el 12 de octubre , ha respondido que no quiere anticiparse a los hechos y que «ya se verá cuando llegue el día».

Aun así, ha pedido que «en vez de instar a hacer cosas fuera de la ley, que generan conflicto, sería mejor sentarse y hablar», enarbolando la bandera del diálogo sincero y leal que dice querer tener con las instituciones catalanas.

En este sentido ha dicho que quiere reunirse con el presidente de la ACM, Miquel Buch, para preguntarle por qué quiere «instar a los ayuntamientos a aprobar mociones para colgar o descolgar banderas», y también se abre a hablar con todo aquél que esté dispuesto a abordar la mejora del encaje de Cataluña desde la legalidad y sin imposiciones. Con todo, Millo ha aclarado «que si alguien piensa que defender el diálogo equivale a ser flexible en la defensa del cumplimiento de la ley, se equivoca».

«Ahora una parte dice 'referéndum o referéndum'. Veamos ahora que dice la otra parte y busquemos un punto medio», ha recetado Millo, que también ha lamentado que desde el independentismo se haya querido proyectar la imagen de que el Estado no quiere dialogar.

En este sentido, ha considerado que ambas partes deben «rectificar», y ha aprobado la demanda del Govern de establecer una relación bilateral con el Estado, aunque ha apuntado que, en última instancia, los acuerdos deberán ser rubricados por todos los territorios de España.

«La relación puede ser bilateral, me parece bien, pero los acuerdos deben ser multilaterales», porque cuestiones tan relevantes como la financiación afectan a todas las comunidades, ha apuntado, aunque ha destacado la necesidad de incluir singularidades en el nuevo modelo para evitar desajustes.

También ha explicado que está elaborando un informe sobre el funcionamiento de la estructura del Estado en Cataluña, en la que trabajan más de 20.000 personas, y ha asegurado que su principal misión política es tender puentes y evitar la confrontación entre administraciones por el proceso soberanista: «Estoy aquí para intentar evitar la colisión».