Colau quiere que los constructores de Barcelona destinen el 30% de su obra nueva a pisos sociales

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha avanzado esta mañana algunos detalles de la medida, que nace "ante la necesidad de actuar desde todos los frentes posibles" para conseguir pisos asequibles. La edil barcelonesa ha resaltado que la medida busca conseguir la "corresponsabilidad entre el sector público y privado".

Con el plan, las licencias que no cumplan con el requisito de un 30% de vivienda social quedarán suspendidas. Según los planes municipales, con esta medida se podrían llegar a conseguir entre 350 y 400 pisos nuevos al año y el Ayuntamiento tendrá derecho de adquisición preferente.

La iniciativa, de hecho, no llegará sola. Según ha avanzado hoy "La Vanguardia", el gobierno municipal también decretará, dentro de su cruzada para conseguir más viviendas sociales, una suspensión de licencias de construcción de pisos nuevos y grandes rehabilitaciones. La moratoria, que podría durar un año o alargarse, serviría para incorporar este 30% social a los proyectos urbanísticos planteados.

"La medida no hará perder dinero a nadie, ya que permite mantener vivienda pero con más responsabilidad", ha reiterado la edil, que ha intentado calmar así las críticas del sector inmobiliario ante la medida, que denunciaron que con esta reserva de suelo para pisos sociales el problema de vivienda no quedaría resuelto. "La propuesta ha sido muy comedida", ha aseverado en declaraciones a los medios.

Así, la concejal ha explicado que la aprobación inicial, que es el trámite que se pasará si todo va bien el próximo lunes en la comisión mensual de Urbanismo del Ayuntamiento, ya tendrá efectos, con lo que, a la espera de las alegaciones y de la aprobación final, ya será de obligado cumplimiento una vez se publique . Así, según sus palabras, quedará una aprobación definitiva pero podría ya estar en marcha.

Además, ha comentado que la medida no afectará a los promotores que adquirieron fincas y solares a partir del 1 de enero de 2016 o que iniciaron procesos de rehabilitación a partir de entonces, que deberán presentar una licencia. Sanz ha recordado que otras ciudades están siguiendo esta línea y ha remarcado el trabajo hecho en París o Nueva York para conseguir vivienda más económica.