La juez tumba el confinamiento total ordenado por la Generalitat en Lérida

La juez hace suyo el argumento expuesto por la Fiscalía, que señala que «lo que se propone con la resolución que se presenta no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial que precisamente prevé, en garantía de los derechos fundamentales, el artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio». Para el ministerio fiscal, es « inaceptable » que se apele a la Ley de Medidas especiales en materia de salud pública para aprobar unas medidas «de tanta gravedad y de tantas consecuencias de todo tipo, pero especialmente sociales y económicas». Añade que sería «asumible» ratificar la resolución apelando a la citada ley si se tratara de ordenar un «cordón sanitario», es decir, un confinamiento perimetral como el que se aprobó. Lo que se propone ahora, insiste el fiscal, «excede ampliamente de una simple limitación de movimientos».

Además, la Fiscalía entiende que la orden de la Generalitat, a diferencia de la declaración del estado de alarma, «es ilimitada en el tiempo, lo que agrava todavía más su contenido y consecuencias ». La no validación se produjo pocas horas después de que el gobierno catalán presentase un plan de confinamiento del que se mostró convencido que la autoridad judicial aprobaría, atendiendo a que el confinamiento perimetral que entró en vigor la pasada semana recibió el aval judicial.

La petición de la Generalitat venía después de comprobarse el incremento descontrolado de las infecciones -ya hay 3.180 casos acumulados, 190 notificados en las últimas horas- en la comarca del Segriá, y tras las reiteradas advertencias de los expertos y del sector sanitario sobre el riesgo de expansión del brote por la falta de recursos en la zona tanto asistenciales como de vigilancia epidemiológica. Por ello, la Generalitat ordenó el confinamiento total de Lérida y de siete municipios de su comarca. Ello debía suponer que unos 160.000 ciudadanos desde la pasada medianoche no pudiesen estar en la calle sin un motivo justificado.

La instrucción, que hubiera impactado en un momento de máxima sensibilidad ciudadana porque suponía volver en pleno verano a un encierro domiciliario, aunque algo más atenuado que el del inicio del confinamiento -se permitía salir en determinadas situaciones-,tenía previsto durar 15 días, según anunció la consejera de Salud, Alba Vergés . «Es una situación grave que nos pone a todos a prueba», dijo ayer el alcalde de Lérida, Miquel Pueyo, que aprovechó la rueda de prensa para pedir «más pruebas y cribados». Los consejeros de Interior y Salud, Miquel Buch y Alba Vergés, no quisieron usar la palabra confinamiento total o domiciliario y prefirieron hablar de «preconfinamiento», aunque de hecho la orden era un híbrido entre la limitación total con elemenos de la fase 1 y la fase 2.

Según la resolución del Govern no ratificada por el juez quedaba prohibida la entrada y salida de las poblaciones de Lérida capital, Alcarrás, Aitona, Granja d’Escarp, Masalcoreig, Serós, Soses y Torres de Segre, donde solo se hubiera permitido la movilidad en caso de servicios esenciales. Dentro de los municipios afectados, las personas debían permanecer en sus domicilios y sólo podían salir por motivos laborales si no pueden teletrabajar o en caso de servicios esenciales. También se permitía la salida para ir a centros sanitarios o asistir a personas mayores o vulnerables, entre otras excepciones. Estaban también prohibidas las reuniones de más de diez personas y el sector de la hostelería debía restringir su actividad al reparto a domicilio.

El anuncio se producía después de que las medidas adoptadas hasta ahora se hayan mostrado insuficientes, mientras arrecian las críticas por lo que se considera una reacción tardía e insuficiente del Govern ante lo que se señalaba como una crisis previsible después de los avisos en el sector de la fruta de hace semanas.

La responsable de Medicina Preventiva y Epidemiología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Magda Campins , afirmó que en Cataluña harían falta «más de dos mil rastreadores» para evitar que se descontrolaran los brotes. «No puede ser que solo haya 150», dijo en Rac1 en alusión a los que siguen activos por el contrato con Ferrovial, que, como avanzó ABC, sigue vigente ante la falta de un plan B.

Ayer se contabilizaron en Cataluña un total de 816 nuevos casos de coronavirus, y se añadió una nueva víctima mortal, frente a las nueve del sábado. La atención está focalizada en Lérida, aunque en Barcelona la situación empieza a ser preocupante. En el área metropolitana, la media de infecciones diarias se ha casi multiplicado por cuatro en los últimos 12 días, según los datos facilitados por Salud.

El crecimiento más pronunciado se ha producido en la ciudad de Barcelona, aunque el foco de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con 107 casos, sigue en curva ascendente. Ayer el ayuntamiento de este municipio, el segundo más poblado de Cataluña, ordenó el cierre de las pistas deportivas al aire libre. Por ahora se descartan medidas más contundentes.