El Govern no vacunó a los policías pese a tener toda la información que requería

El pasado 10 de febrero la Generalitat comenzó a vacunar a los agentes de los Mossos y de las policías locales de Cataluña, sin hacer mención alguna al CNP y a la Guardia Civil. Ante esta discriminación, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera , escribió al consejero de Interior, Miquel Sàmper, y varios días después se iniciaron los trámites. No fue hasta el 4 de marzo que se pusieron las bases para la vacunación, en una reunión en la que la Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecieron su personal e infraestructura para la campaña. Finalmente, tras varias gestiones, en las que Delegación de Gobierno, Policía y Guardia Civil fueron remitiendo a la Generalitat puntualmente toda la documentación solicitada sobre sus 7.000 agentes en Cataluña, la vacunación se programó para los días 25, 26 y 29 de marzo. Un día antes, sin embargo, la Generalitat desprogramó la vacunación de los agentes menores de 60 años, que son la mayoría. Y no fue hasta el 8 de abril que explicó a la Delegación del Gobierno que había sido por la recomendación de no administrar AstraZeneca.

Ante todos estos desagravios intervinieron los jueces, tras una medida cautelar reclamada por sindicatos. El TSJC ordenó a la Generalitat vacunar «de inmediato» y «sin excusa alguna» a los agentes. El 80,3 % de los efectivos de la Policía autonómica ya habían sido vacunados y también el 71,2 % de los policías locales, pero solo el 9,9 % de CNP y el 6,3 % de la Guardia Civil.

La Generalitat ha ido poniendo excusas para postergar la campaña. Alegó problemas con el censo de agentes -que la Delegación del Gobierno desmiente- y la titular de Salud lamentó la «interferencia» del TSJC. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon , fue más lejos. Dijo que acatarían la resolución judicial pero que eso implicaba retrasar las vacunaciones de gente de 70 años. Y Puigdemont dejó entrever las razones del menosprecio del Govern a policías y guardias civiles: lamentó que el TSJC obligase a vacunar a los «privilegiados» policías y guardias civiles que «golpearon de forma salvaje el 1-O» -día del referéndum ilegal- a «personas pacíficas e indefensas».