La Fiscalía avala la legalidad de la huelga del 8-N, convocada por la intersindical independentista

El fiscal del caso, Joaquín Pérez de Gregorio, considera que la demanda de Fomento del Trabajo se debe rechazar sin ni siquiera valorar el fondo del asunto : sostiene que la Sala Social no es la competente sino que lo procedente sería que la causa se tramitara por vía contenciosa. Además cree que Fomento del Trabajo no está legitimado para presentar esta demanda.

En todo caso, el fiscal cree no hay elementos para considerar ilegal aquella huelga. «Las alegaciones de que las motivaciones son políticas y no son laborales no han quedado acreditadas» , ha defendido en sus conclusiones. Además, ha recordado que «toda huelga tiene una fundamentación política».

La patronal, en cambio, cree que está probado que la motivación de la huelga era política y que, además, la convocatoria se les comunicó fuera de plazo, menos de diez días antes de su celebración. Por eso, el abogado de Fomento del Trabajo, José Luís Salido, ha pedido al tribunal que declare ilegal ese paro y que, además, condene a la Intersindical-CSC a pagar 100.000 euros por lo perjuicios .

Por su parte, el abogado de la Intersindical, Carles Hurtado, ha defendido que la huelga fue convocada por motivos profesionales contra medidas del Gobierno, como la reforma laboral o las facilidades para que empresas sacasen su sede social de Cataluña. Eso sí, ha reconocido que la huelga se produjo «en un determinado contexto» político .

Sobre los 100.000 euros que les reclama Fomento del Trabajo, el abogado de la Intersindical dice que los cálculos no están fundamentados. Son «meras especulaciones para hacer propaganda» y no están basados en datos reales.