Derechos fundamentales para todos

Es cierto que entre los que defendemos la unidad de España sin paliativos, sean estos paliativos autonomistas, regionalistas, foralistas, confederalistas o federalistas, no compartimos ni mucho menos el mismo proyecto de unidad nacional e incluso de nación española. A todos debería constarnos que, por ejemplo, el tradicionalismo catalanista hispánico es por definición confederalista al modo del Antiguo Régimen y por el mismo motivo contrario a la concepción de nación ilustrada y liberal moderna; no digamos nada contra la nación centralizada y jacobina, que según las encuestas es apoyada por casi un tercio de la ciudadanía española.

Esas diferencias políticas y de objetivos son las que de verdad existen como motivo subyacente, en esas injustas acusaciones y en la equivocada estrategia de expulsar al principal partido constitucional de la sociedad civil española y en la de aprovechar la coyuntura para romper un espacio electoral amplio del centro derecha, representado por el Partido Popular y que significa, como estamos viendo estos días, la posibilidad de entregar el gobierno de España a los frente populismos varios, incluidos los populismos de la derecha.

Es cierto que los gobiernos nacionales, han hecho mucha dejación de sus responsabilidades y en algunos casos han permitido incluso, que se traicionen los intereses generales de los españoles, pero en la mayor parte de las ocasiones han sido los gobiernos socialistas, chantajeados a cambio de apoyos o crudamente de forma asumida, como queda constancia en sus actuaciones en la Unión Europea o en los gobiernos regionales como el de Cataluña del tripartito y la elaboración del nuevo estatuto de Cataluña.

Pero en otros casos como la educación o la sanidad, ha sido la propia indefinición dentro de las filas del centro derecha, las que han propiciado y permitido el mantenimiento de dejaciones e incluso injusticias flagrantes, sobre todo en el tema de derechos civiles fundamentales como el de la educación y la no discriminación por razones lingüísticas o por el mantenimiento de supuestos derechos históricos, teóricamente derogados por la transición democrática.

El caso de la discriminación del idioma español en la enseñanza en España, es paradigmático y del que seguiremos hablando mientras los gobiernos de la Nación no asuman su responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales de todos los españoles. El reciente pacto PSOE-C’S sobre modelo educativo, parece reincidir en el mismo error e incluso agravarlo derogando la LOMCE, que trataba de avanzar en garantizar la igualdad lingüística en la escuela.