Campaña de los defensores del bilingüismo para que se cumpla el 25 por ciento de castellano este curso escolar

Las entidades han enviado una carta a todas las direcciones de los centros, consejos escolares, federaciones de AFAS y asociaciones de familias de alumnos para «recordarles la jurisprudencia vigente, animar a hacer cumplir la legislación, y ponerse a disposición de todos para ofrecer orientación».

A juicio de las asociaciones impulsoras de esta iniciativa, la reivindicación del 25 por ciento del currículo en castellano es completamente justa porque «la inmensa mayoría de catalanes apuesta por un sistema educativo bilingüe o trilingüe, corresponde a nuestra realidad social, a la buena convivencia lingüística, al sentido común y a las necesidades del mundo laboral».

En su escrito, consultado por ABC, las entidades recuerdan a la comunidad educativa la necesidad de que «desde la responsabilidad de todos con el aprendizaje y los derechos individuales y colectivos del alumnado de Cataluña, sea aplicada, a partir del curso 2021-2022, la doctrina constitucional que impide la exclusión del castellano en los centros educativos».

Recuerdan que «cinco son las últimas sentencias, emitidas en julio del presente año, que obligan a la Generalitat y al departamento de Educación a aplicar automáticamente el mínimo de un 25 por ciento de asignaturas no lingüísticas en español (tres en concreto) sin que los padres lo pidan necesariamente».

«Estas sentencias avalan por Ley el 'bilingüismo vehicular' que debería haber existido siempre, pues no se puede obligar al colectivo de alumnos hispanohablantes a utilizar, desde la etapa de Educación Infantil, únicamente el catalán; del mismo modo que a un alumno catalanohablante no se le puede obligar al hecho contrario. Como todas las encuestas avalan, la inmensa mayoría de catalanes apuesta por un sistema educativo bilingüe o trilingüe, que corresponde a nuestra realidad social, a la buena convivencia lingüística, al sentido común y a las necesidades del mundo laboral», añaden.

A juicio de los impulsores de la campaña « hemos llegado a una situación límite y contraria al sentido común, que afecta a la educación de las futuras generaciones. Se están primando posturas ideológicas, muchas veces sectarias y restrictivas, en detrimento de la formación en libertad que nuestros niños y jóvenes se merece y a la que tiene derecho».