Las restricciones por sequía llegan a Barcelona

Así lo ha confirmado este lunes la consejera de Acción Climática, Agricultura y Alimentación, Teresa Jordà, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha dejado claro que «es una situación que nos preocupa». La cuenca de Darnius-Boadella (Gerona) también se incorporará al listado de acuíferos en alerta por la falta de agua.

El último episodio de alerta por sequía que vivió la capital catalana fue en 2007. Ahora, las restricciones que se oficializarán este martes no afectarán de momento al consumo de agua de boca ni tampoco conllevarán cortes de suministro casero. En concreto habrá que minimizar los usos industriales (que, por ejemplo, tendrá que reducirse en un 5%), agrícolas así como en parques y jardines pero no tendrán un impacto directo en los hogares privados. «La ciudadanía no lo va a notar. Tenemos garantizada el agua de boca para más de un año», ha sentenciado Jordà.

Según la última actualización de la Agencia Catalana del Agua (ACA), de este domingo, la capacidad actual de los embalses de las cuencas internas estaba al 33,49%, cuando hace un año estaban casi al doble, al 63,13%. En los últimos meses, cuando la situación se ha intensificado dada la escasez de lluvias y altas temperaturas, los pantanos han ido bajando semanalmente un punto porcentual. El escenario de alerta se activó cuando los embalses se situaron por debajo del 40%. El siguiente paso llegará si las cuencas caen al 25%, cuando se declarará el estado de excepcionalidad.

El Ayuntamiento de Barcelona está a la espera de que este martes se confirme la fase de alerta por sequía y a partir de aquí activará la Fase de Alerta del Protocolo de actuación por sequía de la ciudad. Fuentes municipales apuntan a ABC que en general no se darán restricciones en los consumos domésticos, «más allá de reforzar los buenos hábitos de consumo». Así, las acciones afectarán a espacios verdes, fuentes ornamentales, limpieza urbana, instalaciones deportivas o piscinas y limpieza de vehículos.

Por otro lado, la consejera ha avanzado que el impuesto a los cruceros en función de su impacto ambiental entrará en vigor previsiblemente en 2023. La tasa no responderá a una aproximación turística de la cuestión: «no estamos hablando de limitar entradas», ha sentenciado.