El presidente de la Junta de Castilla y León acusa a Sánchez de «incapaz y torpe»

Así lo ha puesto de manifiesto Fernández Mañueco en una entrevista concedida a Europa Press y en referencia al paquete de medidas que el Gobierno de Sánchez anunció en el último Consejo de Ministros del 2022 como la bajada del IVA en algunos productos.

En este sentido, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que son medidas que ya en el mes de septiembre planteó el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que considera que el Gobierno de Sánchez «es incapaz y torpe y siempre se encuentra en la improvisación y el oportunismo electoral».

Asimismo, considera que Sánchez ha «ninguneado» a Castilla y León en los Presupuestos Generales del Estado desde que Fernández Mañueco es el presidente autonómico, desde 2019, y sigue «perjudicando» a la Comunidad «en muchas decisiones» como la reciente elección de las sedes de Agencia Espacial y de la Agencia de Inteligencia Artificial, donde se descartaron las candidaturas de ciudades de la Comunidad, como León, Segovia o Salamanca, «demostrando el nulo compromiso del Gobierno nacional contra la despoblación».

Por ello, Fernández Mañueco cree que Pedro Sánchez «no cree en las comunidades» y así ha recordado que son varios los presidentes autonómicos que han pedido una conferencia de presidentes «sobre cuestiones de vital importancia para todos» como impulsar conjuntamente políticas en la lucha contra los incendios o la falta de médicos, pero no han recibido respuesta y se teme que seguirán sin recibirla.

En este sentido, el presidente de la Junta ve «difícil» que Pedro Sánchez quiera pactar con las comunidades un modelo de financiación autonómica, pero le ha exigido que del exceso de recaudación un tercio vaya a la Sanidad, Educación y políticas sociales de las comunidades «para servir a los españoles».

Y es que Alfonso Fernández Mañueco considera que «Sánchez solo cree en el poder» y como ejemplo de ello se ha referido a sus pactos «con quienes no creen en España para eliminar el delito de sedición y debilitar la lucha contra los corruptos» o al hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado de este año haya buscado «agradar a sus socios parlamentarios» y se haya olvidado «del interés general».