El Supremo avala la caza en Castilla y León pese al TSJ y los ecologistas

En concreto, el Supremo ha admitido el recurso presentado por la Junta ante la sentencia que anuló algunos artículos de la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. « La sentencia ratifica la corrección de la actuación de la Junta en relación con la caza , considerando que el decreto que tanta literatura contraria ha tenido en estos años y cuyo cuestionamiento puso en peligro una actividad tan importante para los intereses de Castilla y León es correcto», expuso ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez -Quiñones.

Se refiere con ello a los distintos procesos vinculados con la caza que se han iniciado «a posteriori». Y es que uno de los artículos de la norma tumbada y ahora aceptada era «fundamental» para la actividad ya que establecía cuáles eran las especies cazables, y por tanto su nulidad (que aún no era firme al estar pendiente del pronunciamiento del Supremo) «dejaba sin cobertura la caza». Ante dicho pronunciamiento, se dictó un nuevo decreto para tratar de ajustarse a los criterios de la sentencia pero éste también llegó a los tribunales, explican fuentes del Ejecutivo autonómico.

En febrero de 2019 se determinó en el marco de esta segunda causa la paralización de la actividad en Castilla y León como medida cautelar. El TSJ estimó que los daños para los intereses generales de la suspensión de la caza «pueden ser controlados por la administración , mientras que el interés más frágil», la fauna silvestre, tendría perjuicios «irreparables» si se levantaba la veda -el Supremo «destaca la trascendencia de la caza para la salud pública, agricultura, seguridad vial y conservación de las especies», apunta la Junta-.

La Junta comenzó entonces a tejer una solución para reactivar la caza que se formalizó en las Cortes con la aprobación de una ley que daba amparo a la actividad y que fue respaldada por PP, PSOE y Ciudadanos. Aunque vigente en cuanto a que ha permitido mantener la actividad, también está en cuestión por los tribunales. En concreto, en el Constitucional, que ya ha admitido a tramite la cuestión presentada por el TSJ alegando que darle rango de ley al asunto «pretende sustraer a los tribunales ordinarios» del control de la regulación.