Ulibarri, el «jefe» y «Dios» para las adjudicaciones «ilícitas» de la trama

Como «jefe» y en ocasiones «Dios», así llegan a calificar al empresario burgalés desde la sociedad centro de las ilegalidades, «al objeto de subrayar su capacidad de influenciar sobre los políticos». Y fueron «numerosísimas» las conversaciones en las que Gespol requiere de la «colaboración» de Ulibarri «para lograr sus ilícitos propósitos». En el sumario del caso se considera a ambos empresarios «los dos pilares fundamentales» y «colaboradores» con que la empresa «cuenta» con el «objeto de lograr influenciar en funcionarios y autoridades municipales de varias localidades de la zona de León y Asturias», de la mano también de Miguel Hernán Manovel, «auténtica mano derecha» de Ulibarri y en un escalón «superior» a «El Patatero» en la «organización liderada» por Ulibarri. Personas que, «gracias a su contactos políticos, así como al presunto pago de sobornos, habría conseguido la adjudicación irregular de contratos administrativos a favor de Gespol, S. L. -a cambio de comisiones- así como también de sus propias empresas».

Destaca que su «relevancia social» les ha «abierto las puertas» concejalías y alcaldías de «múltiples» ayuntamientos y el texto carga contra el «uso torticero» que sendos empresarios «vendrían realizando de modo deliberado de aquellos medios de comunicación que dirigen», tal y como queda acreditado en diversas conversaciones grabadas. Esa propiedad de diversos medios hace que tenga una capacidad de ejercer influencia «asombrosa» y le brindan posibilidades de «a la hora de premiar o castigar a quienes no accedan a sus pretensiones».

Y la influencia y peso de Ulibarri fue creciendo. De hecho, se subraya que «su importancia aún habría cobrado mayor relieve en los últimos meses» de una investigación que arrancó en septiembre de 2016 en la localidad barcelonesa de Montgat y se extendió a toda España, incluyendo varios ayuntamientos de Castilla y León (León, Palencia, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Palencia y La Cistérniga). En concreto, señala el sumario las adjudicaciones en Villaquilambre y San Andrés «habrían avanzado en gran medida gracias a su directa intervención sobre las autoridades» de esos municipios, cuando las autoridades ya les seguían los pasos, pues la interceptación de comunicaciones se remonta al primer trimestre de 2017 -en concreto, de Ulibarri, desde el 15 de marzo-.

Otro actor importante dentro de la trama en la Comunidad, a la luz de las conversaciones intervenidas, es Sadat Maraña. Asesor de Ciudadanos en la Diputación de León y excoordinador local del partido «se encuentra concertado» con Ulibarri y García para «lograr poner en contacto» a éstos con las autoridades políticas de diversos municipios -destacando las leonesas de Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo y León capital, además de la madrileña de Arroyo Molinos-, «ofrecerles información reservada» sobre contratos y «ejercer sus influencias en su favor». Junto a él, el concejal de Cs en San Andrés y diputado provincial Juan Carlos Fernández Domínguez -ambos han sido expulsados-, quien «aprovechándose» de su condición de edil habría colaborado con Maraña «al objeto de favorecer la irregular adjudicación de diversos contratos» con Ulibarri, García y Gespol.

Tanto en el caso de San Andrés como el de Villaquilambre en el sumario se sostiene que «no cabe duda sino afirmar» que los indicios obtenidos sobre «el grosero proceder de los investigados resultan sencillamente aplastantes». En ambas localidades leonesas se apunta que Gespol logró, con la ayuda y «poderosas influencias ejercidas» por Ulibarri y García, «la sistemática revelación de información privilegiada» sobre diversos contratos y lograr así la «irregular» adjudicación.

León y Palencia también figuran en el voluminoso sumario, al haberse interceptado «numerosísimas» conversaciones en las que los investigados «han tratado de lograr la irregular» adjudicación de la red semafórica y contratos administrativos.

Frutos de esas investigaciones se detectó de forma «casual» otra trama de adjudicaciones irregulares de contratos en la provincia de León, de nuevo con Ulibarri y García en el centro.

En un comunicado, los socialistas de Castilla y León han solicitado su comparecencia parlamentaria, a la vez que han pedido explicaciones y responsabilidades al alcalde de León, Antonio Silván, de quien también varios medios de comunicación publican conversaciones con Ulibarri, encarcelado por el caso "Enredadera", con quien habla supuestamente de la marcha de una mesa de contratación pública.

Los socialistas, que han destacado que Silván forma parte de la nueva dirección nacional del PP, han afirmado que las escuchas muestran una actuación "de gravedad", por lo que deben dar una "explicación clara y concreta de su relación con el empresario José Luis Ulibarri".

El PSOE ha adelantado que "si existiera algún implicado socialista en la trama actuará con contundencia y expulsará a cualquier miembro en tanto se depuren sus responsabilidades".

Por su parte, Ciudadanos de Castilla y León ha informado de que tomará respecto a Suárez-Quiñones medidas similares a las anunciadas respecto a León, donde han demandado que Silván dé explicaciones sobre su actuación en este caso, aunque fuentes del partido han remitido a la decisión que tomarán mañana sobre el formato elegido.