El TSJCyL da a conocer este miércoles su fallo sobre los recursos a la sentencia del crimen de Carrasco

El fallo del TSJCyL llega apenas una semana después de acoger la vista (el día 4) en la que las partes argumentaron sus recursos. La decisión de la Audiencia Provincial de León de condenar a Montserrat González y a Triana Martínez a 22 y 20 años de prisión respectivamente por un delito de asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas y a la agente de la Policía Local Raquel Gago a cinco por encubrimiento y tenencia ilícita de armas -absolviéndola del delito de asesinato que sí consideraba probado el jurado popular- no contentó a nadie. Los correspondientes recursos fueron remitidos al Alto Tribunal en tiempo y forma con el fin de variar el sentido de la sentencia que, de no convencer, todavía puede ser recurrida ante el Supremo.

En su petición, la defensa de Montserrat González y Triana Martínez reclama para la primera una rebaja en la pena hasta dejarla en 8,5 años alegando que padece un trastorno de ideas delirantes y, para la segunda, la libre absolución sosteniendo que únicamente es culpable de un delito de encubrimiento que quedaría impune considerando el parentesco entre ambas. Mientras, el letrado que representa los intereses de Raquel Gago demanda también su libre absolución por no existir, en su opinión, «pruebas suficientes» para su condena.

El contrapunto lo ponen las acusaciones. El Ministerio Fiscal se centra sobre todo en Raquel Gago, para la que reclama una «nueva sentencia» en la que sea condenada no como encubridora, sino como cómplice del crimen (atendiendo también a la valoración realizada por el jurado popular) a doce años de prisión, inhabilitación durante el tiempo de condena, así como la prohibición de acercamiento tanto a la hija como a la pareja de Carrasco durante veinte años. En un sentido similar va la demanda de los letrados que defienden a la familia de la víctima, para los que Gago fue «esencial» para perpetrar el asesinato y, por lo tanto, debe cumplir una mayor condena. Además, discrepan también en la pena impuesta a Triana Martínez, a la que consideran coautora y no cooperadora y, como tal, valoran que su «castigo» debe ser equiparado al de su madre.