Las sanciones vinculadas al sector turístico caen un 30% en Castilla y León

Con el fin de conseguirlo, la Junta trabaja en esta legislatura en distintas acciones, entre ellas, la creación de un registro de infractores del que ya tiene un primer borrador del proyecto de decreto por el que se regula su organización y funcionamiento y que, actualmente se encuentra en tramitación. No obstante, las iniciativas emprendidas hasta la fecha -entre las principales, la firma de un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia y Salamanca para impulsar la cooperación entre policías locales y servicios de inspección de las delegaciones territoriales con el fin de que los agentes les sirvan de apoyo a sus labores de investigación y facilitar la asistencia a los turistas en caso de reclamaciones- están dando sus frutos. Al menos, así se refleja en la caída de expedientes sancionadores experimentada en 2016, un 30 por ciento inferior al año anterior. En concreto, se impusieron un total de 225 sanciones frente a las 324 de 2015. Este número de expedientes representan algo más del 20 por ciento de las denuncias interpuestas, que se elevaron a 1.007, siendo Burgos, Salamanca y Valladolid las que concentraron un mayor número, con 228, 182 y 122, respectivamente, según los datos facilitados por la Consejería de Cultura y Turismo.

También son estas provincias las que aglutinaron un mayor número de expedientes sancionadores en 2016: un total de 65 en el caso de la provincia burgalesa; 34 en Salamanca y 39 en Valladolid. Sólo en esta última provincia bajó el número respecto al mismo periodo del año anterior, en concreto lo hizo más de un 40 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Ese 2015, junto a Valladolid concentraron el mayor número de expedientes León, con un total de 55, y Burgos, donde se elevaron a 57. En total, fueron 324 las sanciones, lo que representa un 12 por ciento de las inspecciones realizadas a lo largo de los doce meses, 2.521.

En 2016 las provincias donde menos denuncias se registraron fueron Soria, con 35, y Segovia y Ávila, con 53 respectivamente, siendo precisamente estas dos las que mayor número de servicios turísticos disponen en la comunidad.

En cuanto a las causas que motivaron las denuncias, cabe destacar entre las infracciones las derivadas de no presentar la preceptiva declaración responsable con carácter previo al ejercicio de la actividad; informar a través de internet de forma errónea; no entregar o no disponer de hojas de reclamación para los clientes, no exhibir los distintivos correspondientes o no poner los precios a disposición de los turistas. Todas ellas, recuerdan desde el departamento de Cirac, están tipificadas en la Ley de Turismo de 2010 como infracción, ya sea calificada de leve, grave o muy grave.

Seguir trabajando en esta línea para combatir el intrusismo es lo que demanda el sector, en concreto, en el ámbito del turismo rural. Desde Acaltur, la Federación de Asociaciones de Turismo Rural, han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de incrementar el número de inspecciones y centrarlas en los fines de semana.