Primer ‘choque’ en las Cortes al reducir PP y Vox la retribución de los grupos

Según explicó el portavoz de la formación de Abascal, ayer se acordó disminuir el dinero que llega a los grupos para la realización de su actividad legislativa . «Debemos estar con los ciudadanos y dar ejemplo reduciendo esta asignación para que se trate a todos por igual en función de su representación», argumentó. No se tocaron, sin embargo, las retribuciones individuales de los procuradores con dedicación exclusiva ni las de los seis miembros de la Mesa de las Cortes. Para todos ellos se aprobó en febrero una subida del cuatro por ciento. Tampoco las llamadas «indemnizaciones», a razón de 1.800 o 1.400 euros mensuales por parlamentario liberado.

De esta forma, la disminución de las cantidades que reciben los grupos -que supone según García-Gallardo un ahorro anual de 333.628 euros- se traduce en que cada uno recibirá mil euros menos al mes y, sobre todo, en que se reducen las dedicaciones exclusivas, de forma que el PP se queda con siete (pierde una); el PSOE, con seis, también una menos; Vox tiene tres, UPL-Soria ¡Ya!, dos, y el Grupo Mixto, una.

Es en este último caso fue donde se abrió la caja de los truenos de la mano de dos de sus tres procuradores: Francisco Igea (Cs) y Pablo Fernández (Unidas Podemos), ya que el representante de Por Ávila no estaba presente y se mantiene al margen de la polémica (para él no estaba previsto ninguna dedicación exclusiva). Así, según Igea y Fernández, la medida no busca más que «restringir nuestra capacidad política» e insistieron en que es la primera vez en la historia de las Cortes que este grupo no cuenta con dos liberados que, en este caso, iban a ser ellos. El que fuera vicepresidente de la Junta argumentó que, de esta forma, el gasto público será mayor dado que mantendrá su actividad de médico en el Hospital de Palencia, donde el salario es superior, según dijo, y, además, tendrá la gratificación por la asistencia a comisiones y plenos. «No es un programe de gasto sino de limitar la actividad política», ya que, sin sueldo, no puede dedicarse íntegramente a su labor en las Cortes: «Uno no puede hacer PNL mientras hace colonoscopias», puntualizó. Por ello, propuso que si de verdad se busca recortar el gasto, se haga en las asignaciones fijas de los procuradores. Después, en su intervención, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, negó que se hiciese esa propuesta en la Junta de Portavoces, lo que provocó que Igea le acusara de mentir y este, a su vez, le pidiese respeto. Pablo Fernández denunció que el Grupo Mixto «es el gran perjudicado» y señaló que «es muy elocuente el silencio del corderito de Norit que es el PP». Los parlamentarios de Cs y UP, que parecen haber limado las fuertes desavenencias que mantuvieron durante la pasada legislatura, ante sus intereses comunes anunciaron que recurrirán ante el Constitucional.

En el grupo Socialista la medida fue recibida como un «ataque frontal a la labor de la oposición» . «Estamos ante un ataque a la soberanía popular con el control que quiere hacer la ultraderecha que, a su vez, evita ser controlada», esgrimió Patricia Gómez, que lamentó que se haya roto el consenso histórico que ha habido siempre con este asunto. Para De la Hoz, en cambio, resulta «absurdo, ridículo e infantil que se diga que se cercenan derechos» por reducir las cuantías de los grupos y advirtió de que si lo consideran injusto, cabe la opción de ir a un modelo proporcional en el que los grupos con menos representación saldrán perdiendo.

Sólo dos parlamentarios parecieron mantener el sosiego en la oposición. El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, no ocultó su estupor por el debate y no dudó en reconocer que las retribuciones de los parlamentarios «son generosas y excesivas», por lo que «habría que estudiar cómo reducirías». También Luis Mariano Santos, de la UPL, se mostró partidario de analizar la forma en la que se gratifica la actividad política para «garantizar que todo el mundo la pueda ejercer y no sólo los jubilados y funcionarios».

La otra polémica de la mañana fue el punto del acuerdo de gobierno firmado por PP-Vox para que, antes de julio, se tramite una «normativa en materia de concordia». Para Juan García-Gallardo, ésta sustituirá al actual Decreto de la Memoria Histórica, con el que es incompatible, mientras que Raúl de la Hoz se remitió a la «literalidad» del pacto, aunque aseguró que no se van a limitar derechos.