Raúl de la Hoz (PP), José Francisco Martín y Luis Tudanca (PSOE), con la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente
Raúl de la Hoz (PP), José Francisco Martín y Luis Tudanca (PSOE), con la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente - ICAL

PP y oposición se «enredan» con la trama

No llegan a un acuerdo y Suárez-Quiñones comparecerá en comisión, no en pleno

ValladolidActualizado:

Con las posiciones enfrentadas y sin acuerdo. Igual que terminaron el curso político, lo retomaron ayer los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León: con un nuevo episodio que evidenció la imposibilidad de entendimiento entre el Partido Popular -principal fuerza y sustento del Gobierno autonómico- y la oposición. Lo hicieron «enredados» con la trama Enredadera y la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras desvelarse dentro del sumario del caso una conversación suya con el empresario José Luis Ulibarri -en prisión preventiva desde principios de julio por este asunto- ofreciéndole hacerse con una la rehabilitación de una carretera después de que la adjudicataria de los trabajos entrase en concurso de acreedores.

Quiñones comparecerá en las Cortes, como él había solicitado y varios grupos reclamado. Pero lo hará en comisión como planteó el propio consejero y Podemos, no en pleno, tal y como querían PSOE y Ciudadanos. Y será en septiembre, en periodo ordinario y no extraordinario. Y el formato elegido finalmente por la Mesa de la Cámara sirvió de munición para cargar las tintas de unos contra otros. «El consejero ya ha dicho que está deseoso de dar explicaciones», defendió el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, para quien «no» había razón para un pleno fuera del periodo de sesiones y achacó al «nerviosismo» de PSOE y Ciudadanos por intentar «tapar» y «disimular» sus propias «vergüenzas» en este asunto, debido a la «implicación» de sus cargos en la trama, su «estrategia» y pretensiones de «hacer algo extraordinario».

Vicepresidente

De la Hoz criticó que hayan puesto «en marcha el ventilador», intentando salpicar a la Junta, que, defendió, «en absoluto tiene relación con esta trama de corrupción». «Cuando escupes hacia arriba se corre el riesgo de que la bilis caiga encima. Y es lo que les va a suceder al PSOE y a Ciudadanos», advirtió el popular.

Visión opuesta a la del portavoz socialista, Luis Tudanca, quien acusó a los populares de «usar las instituciones para tapar sus vergüenzas». «Es intolerable», recalcó Tudanca, quien recriminó al PP el uso «de forma espuria» de las Cortes «para impedir la investigación y la transparencia». Según Tudanca, el consejero debe dar explicaciones «por dos motivos», por tratarse de una conversación «obscena» y parecer un «rey absolutista» al responder a Ulibarri «la administración soy yo».

Desde Ciudadanos, su portavoz, Luis Fuentes, también defendió que su grupo reclamó que debería comparecer en el pleno por entender que «era el lugar adecuado para dar explicaciones» por un tema «suficientemente grave» que sí llevarán en forma de pregunta al primer pleno del nuevo periodo de sesiones. Algo que también hará el PSOE. «Quiera o no el PP, se hablará de esto en el pleno», advirtió Tudanca, quien también ironizó con que el «valiente» del vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, «no va a dar la cara» por este asunto, tal y como había solicitado el PSOE.

Natalia del Barrio, viceportavoz de Podemos, reprochó que el PP haya «evitado» alegando «razones técnicas» el pleno extraordinario, aunque su grupo solicitó la comparecencia en Comisión e incidió en que ambos consejeros «tendrían que haber dimitido por sí mismos» o el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, los «tenía que haber cesado».

Desde IU-Equo, José Sarrión, respaldó que la comparecencia fuera en pleno pues la trama Enredadera «es la última demostración» de que España «no es un estado democrático», sino que los políticos son unos «mandadillos del poder económico y financiero».

De la Hoz insistió en defender que la llamada del consejero a Ulibarri es algo «habitual» y amparado por la ley de contratos del sector público y la concursal. «En ningún caso ha habido dedazo ni adjudicación ilícita», subrayó el popular, quien recordó que es un proceder que se da en todos los ámbitos de la administración. Algo por lo que acusó al PSOE de «ignorancia» por su desconocimiento. «Más que la alternativa decente, es la alternativa indecente e ignorante», apuntó el portavoz del PP, a la vez que recordó que el único cargo orgánico de un partido investigado por este caso es Joaquín Llamas, alcalde de Villarejo de Órbigo (León), a quien han «borrado» de la página web del PSOE como responsable de política municipal. Y recordó que «el cien por cien de los cargos provinciales» de Ciudadanos en León, además de asesores, también están investigados.