La Junta se estrena con un plan anticrisis de 470 millones que «genera más derechos»

La primera medida, al menos la más mediática, es la rebaja ya para este mismo año 2022 de la tarifa autonómica en el tramo más bajo, mediante la reducción del tipo mínimo que pasará del 9,5% actual al nueve en los primeros 12.450 euros declarados. Según explicó Carriedo, esa bajada supondrá 35 euros menos por contribuyente y tendrá efectos retroactivos, de forma que aunque no se aprobará con rango de Ley hasta finales de este año, la rebaja será efectiva en la declaración de la renta que se haga en 2023, correspondiente al ejercicio de 2022.

De esta forma, Castilla y León se situará como la segunda Comunidad Autónoma con el tipo mínimo más reducido de IRPF, tras aplicar una rebaja del 5,3%. Esta reducción fiscal supondrá un ahorro cada año de más de 20 millones de euros para el conjunto de contribuyentes castellanos y leoneses.

Otra de las medidas, aunque en este caso tiene una aplicación temporal, es la articulación de ayudas para compensar durante tres meses el pago de las tasas de titularidad autonómica relacionadas con la actividad profesional del transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios, sectores afectados por las subidas del precio de la energía, el combustible y la elevada inflación, «agravada» por la guerra en Ucrania. En este caso, el importe estimado ascienden a 500.000 euros.

Uno de los ejes de actuación es el dedicado al apoyo a familias y colectivos vulnerables, objetivo para el que se emplearán 45 millones de euros. Así, se incrementará en cuatro millones adicionales en el año 2022 la financiación de las corporaciones locales dirigida a las ayudas de emergencia para reforzar los apoyos y que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos. Además, se pondrá en marcha un nuevo Fondo de Cohesión Territorial destinado a los municipios del medio rural, con una dotación de 20 millones de euros, al tiempo que se incrementarán las cuantías de los perceptores de Renta garantizada de Ciudadanía que no sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en un promedio del 15% durante tres meses.

En este apartado también se recoge el aumento de las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para recibir asistencia sanitaria (0,6 millones de euros). Y, aunque no se trate de colectivos vulnerables, se incluyen también las «medidas aplicables a los empleados públicos», de forma que se incrementarán las «indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración», es decir, las dietas. El importe estimado de esta decisión asciende a 1,9 millones de euros.

Las actuaciones en materia de empleo también son variadas, según detalló el presidente de la Junta, y ascienden a 20 millones de euros. Van desde los incentivos para contratar a menores de 30 años, al establecimiento de manera urgente de una nueva línea para la financiación de las estaciones de servicio, ya que están soportando el coste financiero derivado del anticipo al consumidor del ajuste del precio del litro de combustible acordado por el Gobierno. De esta forma, se bonificarán préstamos de entre 6.000 y 300.000 euros para autónomos y microempresas, y hasta 700.000 euros para el resto. Además de medidas específicas para el sector de la agricultura y la ganadería con un impacto de 68 millones, o el anticipo del pago de la PAC, en materia de transporte se incrementará en nueve millones la financiación autonómica del transporte regular, atendiendo así al incremento de los precios del combustible.

Otro apartado del plan anticrisis contempla una serie de acuerdos para c ompensar el incremento del coste de las materias primas en los contratos del sector público . El objetivo es evitar el colapso y estancamiento de las empresas contratistas y favorecer la ejecución de los contratos. Así, se aplicará de forma automática en el ámbito de la Administración de la Comunidad, la revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público.

Tras la presentación de las medidas, el presidente de la Junta insistió en que el primer acuerdo del nuevo Gobierno PP-Vox es un ejemplo de que se trata de un Ejecutivo «sólido, colectivo y fuerte» que, además, trabaja «con un ánimo integrador y de entendernos porque más allá de las diferencias personales y políticas tenemos los mismos objetivos».