Mañueco pide a Sánchez que deje de poner «trabas» a Navacerrada y el Gobierno le reprocha que no tiene competencias

Cuando parecía que no había marcha atrás y la estación estaba destinada al cierre, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este lunes que continuaría funcionando . Era el Gobierno autonómico, dijo, el que daba luz verde a que la empresa concesionaria continuara operando debido a que el Ejecutivo central había considerado que la competencia para decidir era de Castilla y León. «No hay inconveniente» para que siga funcionando ni «razones jurídicas ni políticas para el cierre», argumentó tras una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, horas más tarde el Ministerio dirigido por Teresa Ribera negaba que la Junta fuese la encargada de decidir, la acusaba de querer «confundir deliberadamente» y solicitaba medidas cautelarísimas para impedir que las pistas volvieran abrir sus puertas, lo que supone que un juez deberá decidir -en principio de forma urgente- quién tiene el poder de abrir o no las instalaciones.

En esta tesitura, el presidente de Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, Gonzalo García, aseguró que la hoja de ruta sigue siendo abrir el 3 de diciembre si la climatología lo permite. «Hay nieve y nosotros estamos preparados para abrir», detalló, aunque si antes la justicia se pronuncia en contra será imposible, reconoce.

No obstante, confían en un fallo favorable porque para tomar ese tipo de acciones tiene que producirse un «daño irreparable», algo que, a su entender, no sucede con la estación abierta porque «lleva funcionando cien años». «El daño se produciría más bien si no abrimos», detalló, ya que 70 empleos dependen en este momento de su apertura. Pero, además, la viabilidad de toda la instalación depende de las tres pistas que se pretenden cerrar. «Son fundamentales» y las únicas que pueden utilizar los aficionados para practicar y aprender esquí, aseguró.

Mientras, esperan también la resolución de un recurso planteado por la propia compañía para que un juez determine quien tiene la capacidad de otorgarles otros dos años más de plazo a la concesión de 25 años, que vence en 2021, por haber perdido ese tiempo de explotación con motivo del Covid.

El presidente de la Junta, por su parte, se volvió a pronunciar ayer sobre el asunto al pedir al presidente del Gobierno que no ponga «trabas» para que la estación siga abierta y criticó que hable de descentralización mientras plantea el cierre de servicios. En apoyo también de la administración regional salió ayer su vicepresidente, Francisco Igea, quien consideró que Mañueco actuó «en el ejercicio de sus competencias» y aseguró que ahora esperan la resolución de la justicia.

La réplica por parte del Ejecutivo nacional les llegó a través de la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, que desde que asumió el cargo es la primera vez que entra públicamente en una polémica con la Junta. «El señor Mañueco afirmó que no había inconveniente para que la concesionaria siga desarrollando su actividad y con ello invita a vulnerar los derechos del propietario del monte, el procedimiento administrativo y el Estado de Derecho para favorecer el interés privado en lugar del interés general», manifestó. Quiso aclarar, además, que la Junta es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal y, por tanto, «para tramitar el expediente ante una ocupación ilegal como la que se está dando» en los terrenos del puerto de Navacerrada afectados, porque la concesión caducó el pasado mes de abril, pero no para decidir si se abre o no, informa Ical.

Y para argumentar la posición del Gobierno desde el punto de vista medioambiental, la directora del Organismo de Autónomo de Parques Nacionales, María Jesús Rodríguez, explicó que en esta zona la temperatura ha subido casi dos grados desde la década de los 50. Ante el anuncio de la apertura de las instalaciones, pidió a los ciudadanos que no acudan,