Mañueco alega la reducción de la incidencia y la protección de la vida «por encima de cualquier otro derecho» para defender el toque de queda

El alto tribunal había dado a la Junta diez días para la presentación de las alegaciones, que hoy han sido enviadas por el jefe de los Servicios Jurídicos de la Junta.

El dirigente regional ha incidido en que se trata de una «medida lógica, justa y equilibrada» que además, desde su aplicación, «ha tenido el respaldo mayoritario» de la sociedad castellano y leonesa.

«Era, es y va a seguir siendo una medida necesaria para proteger la salud», ha comenzado argumentando el dirigente regional, recordando que en el momento en que se tomó había un «vertiginoso crecimiento» de los contagios, que se habían multiplicado «casi por diez en 15 días» y una tercerla ola «desbocada», donde la subida «casi era una pared». «Era necesario tomar medidas de manera urgente».

El presidente ha recordado que adoptó esta medida, así como otras como el cierre perimetral, la reducción de aforos y el límite a cuatro personas en las reuniones de no convivientes, tras escuchar a los expertos, los miembros del Consejo de Gobierno, «las fuerzas políticas y los principales ayuntamientos y diputaciones».

Asimismo, ha detallado que para las alegaciones se ha apoyado en un triple aspecto: el epidemiológico, el jurídico y el respaldo social. Respecto al primero, el criterio sanitario, ha considerado que el toque de queda está siendo una herramienta «eficaz y útil», ya que la incidencia acumulada ha caído en las dos últimas semanas un 9 por ciento y la tasa de crecimiento intersemanal ha pasado de aumentar un 147 por ciento a descender un 11 por ciento.

Además, ha considerado que ha sido socialmente respaldada por los castellano y leoneses, «que han actuado con compromiso demostrando estar a la altura de la gravedad de la situación».

Por último ha hecho referencia a su aspecto jurídico , y ha considerado la medida «legal» en la medida en que «protege la vida por encima de cualquier otro derecho como es la libertad de circulación». En este sentido, ha hecho referencia a una sentencia dictada en 1985 en la que se aludía al derecho a la vida como «la proyección de un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico constitucional», destacando además este derecho como «un valor superior sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible».

Fernández Mañueco ha insistido en que el toque de queda « es respetuoso» con «la legalidad vigente» y cumple con «el juicio de idoneidad», al limitar el tiempo de movilidad y el contacto social para reducir los contagios; «el juicio de necesidad», ya que era una medida urgente y no equiparable a otras que tuvieran el mismo efecto, y el de «proporcionalidad», ya que conllevaba «más beneficios para el interés general».

«Frente al planteamiento del Gobierno de España dí prioridad a la protección de la vida y de la salud», ha insistido el dirigente regional, que ha recordado que el acuerdo para adoptar el adelanto a las 20.00 horas del toque es «plenamente ajustado a derecho» y se produce en el ejercicio de su competencia sobre la gestión del estado de alarma como autoridad delegada del Gobierno de España.

Ha reitaro que el Gobierno podía haber adoptado por la vía del diálogo y evitar así la judicialización y no entiende por qué no optó por las medidas cautelarísimas para suspender de manera inmediata los efectos del toque de queda si tenía tan claro que Castilla y León estaba vulnerando los derechos fundamentales. «El Gobierno no se cree la cogobernanza que todos necesitamos», ha criticado, recordando que antes de presentar el recurso al Supremo el entonces ministro Illa había abierto la posibilidad de consensuar la media en el Consejo Interterritorial.

Por último ha recordado que «más allá del debate jurídico existente», Castilla y León es firme defensora y cumplidora del estado de derecho, por lo que «en el caso de que el Supremo no compartiese nuestros argumentos nosotros cumpliríamos la decisión que adoptara» . No obstante, ha insistido en que las alegaciones presientadas están «lo suficientemente argumentadas» para mantener el anticipo del toque de queda y «sólo tienen como objetivo proteger la vida y la salud y reducir a la mínima expresión el daño de la actividad económica».