Junta y Estado aportarán 145 millones adicionales para paliar los efectos de la sequía

El Plan Financiero Especial contra Adversidades Meteorológicas 2017-2020 supone un «paquete muy importante de medidas para el ahorro máximo posible del sector» y que también «tengan liquidez» para abordar los gastos de la próxima cosecha, destacó la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos. Supondrán 145 millones adicionales aportados por Junta y Gobierno en forma de medidas de ahorro para el sector en el pago de tasas, cánones o en el IRPF, ayudas para la suscripción del seguro agrario o avales y exención de intereses financieros, con los agricultores a título principal, como destinatarios principales.

Precisamente, las medidas para aportar liquidez incluyen 80 millones de euros -sufragados a partes iguales entre la administración autonómica y estatal- para hacerse cargo de los avales y pago de intereses de los préstamos dirigidos los agricultores están especialmente pensados para los profesionales del campo. Así, los créditos de hasta 40.000 euros que podrán solicitar -con cinco años de amortización y uno de carencia- contarán con el cien por ciento de las garantías por parte del Estado y la cobertura total de los intereses a cuenta de la Junta para los agricultores profesionales y tenga suscrito el seguro -quienes no lo tengan puede hacerlo hasta octubre con compromiso de mantenerlo durante el periodo de pago del empréstito-. Para los que no dispongan de póliza, ambas bonificaciones se reducen al 50%.

Y mirada especial para los jóvenes. En su caso, los préstamos duplican la cantidad, hasta los 80.000 euros (a devolver en diez años, con dos de carencia), no se les exigirá ser agricultores profesionales para beneficiarse del aval estatal para el cien por cien del capital suscrito ni para que la Junta corra con los intereses -«aunque casi todos lo son», precisó Marcos-, pero sí contar con seguro suscrito, pues de no tenerlo la bonificación se queda en la mitad.

Los jóvenes son una de las dos «discriminaciones positivas», junto con El Bierzo, debido a las características de esta comarca leonesa, «especialmente azotada» por las inclemencias meteorológicas, las pérdidas acumuladas, la dimensión de las explotaciones... Así, podrán disponen también de créditos de hasta 80.000 euros con las mismas condiciones financieras, garantías y bonificaciones, pero «no» se les exigirá ser agricultor profesional, ya que el «pequeño» tamaño de las parcelas «muchas veces no permite que sea la única actividad agraria», apuntó la consejera.

Aunque no hay cifras cerradas, Marcos estimó que puedan llegar a 40.000 los agricultore s que accedan a estos préstamos bonificados, llegando a ponerse en circulación 920 millones de euros.

También se estudiarán medidas para las empresas agroindustriales y cooperativas dedicadas a la actividad hortícola y frutícola que no puedan abordar pagos de los contratos estables cuya actividad esté vinculada a la producción de la zona. Entre las medidas financieras también se incluye el aplazamiento durante doce meses de las cuotas de la Seguridad Social, lo que supondrá un «ahorro» de 200 millones de euros.

«Es un paquete importante que está abierto», destacó Donaciano Dujo, de Asaja, quien subrayó que estas medidas van dirigidas «a todos» los agricultores y ganaderos de «toda» la Comunidad. «La mesa de negociación sigue abierta» y continuarán reclamando, aunque «vemos bien», valoró Aurelio González, de La Alianza UPA-COAG. Más crítico, el líder de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, para quien «las medidas son buenas, pero hay que llegar más lejos» y amenazó con la movilización si no se logra.