La Junta primará contratar a empresas con personas vulnerables y con discapacidad

Los «buenos resultados» del acuerdo de 2012 de cláusulas sociales en la contratación han llevado a la Junta de Castilla y León a dar un paso más para seguir avanzando en la denominada contratación pública socialmente más responsable. Lo hace con la aprobación, ayer, de unas nuevas directrices en este sentido para incrementar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y colectivos más vulnerables en las que también trata de involucrar y favorecer que en el ámbito privado se incremente la responsabilidad social.

Precisamente en este último campo se sitúan las principales novedades de esta actualización que busca la «consolidación y avance» de lo ya logrado, según destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García . Así nacen los Proyectos de Inserción Sociolaboral, una herramienta «novedosa, pionera e innovadora» para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, algo «muy importante» en cualquier momento y más en uno como el actual, en el que la economía ya crece después de la crisis y «es importante no dejar atrás a nadie».

Para lograr ese objetivo se incluirán en los contratos públicos de cláusulas sociales que primen o ponderen que se emplee a beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad, los colectivos inicialmente destinatarios, pero «ampliables», puntualizó García.

Unas cláusulas que se aplicarán a cualquier contrato público de la administración autonómica siempre que sea posible y se optará por incorporar las condiciones más adecuadas para potenciar los aspectos sociales en la contratación, con el objetivo de llegar al millón de euros por esta vía.

La actualización de ese acuerdo de 2012 incorpora también cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación de modo que se prime a las empresas con una visión más social. Incorporar medidas para fomentar el empleo de personas en situación o riesgo de exclusión, con discapacidad o que lleven a cabo medidas de conciliación figuran entre las cláusulas que se podrán incorporar a los contratos (como criterio de valoración de las ofertas, condición de ejecución o preferencia de adjudicación) y que figurarán en el Banco de buenas prácticas que se colgará en internet como guía a la hora de elaborar los pliegos de esas obras, servicios o suministros. Además, como medida social, también contempla que para facilitar el acceso a las pymes a la contratación pública se podrá hacer buscando el tamaño más adecuado de los lotes.

Además, esa actualización aprobada ayer por el Consejo de Gobierno también ahonda en una de las medidas acordadas en 2012 como es la de la reserva de contratos, que se amplía. Además de a los Centros Especiales de Empleo, como hasta ahora, se abre a las empresas de inserción, a la vez que se abre el catálogo de actividades objeto y se eleva del 6,5 por ciento actual al 6,8 el porcentaje de reserva de contratos por esta vía.

Tras este cambio, la consejera detalló que, por ejemplo, el servicio de limpieza de un hospital se puede licitar mediante reserva a un centro especial de empleo, por la vía ordinaria a una empresa o a través de un proyecto de inserción sociolaboral indicando en el pliego la obligación de contratación de contratar a un cierto número de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o perceptores de la Renta de Ciudadanía.

Castilla y León cuenta con 195 centros especiales de empleo repartidos en 236 centros de trabajo que dan ocupación a 4.683 personas con discapacidad (a 31 de diciembre de 2015). Desde la entrada en vigor del Acuerdo en septiembre de 2012 se han adjudicado 1.332 contratos reservados por más de 18,85 millones de euros (el 21,04% del total) y se han adjudicado 5.434 contratos con cláusulas sociales por 588 millones, casi dos tercios de global.