De la insinuación a la consumación

Que la Junta «cocía» más medidas se sabía desde el jueves. Ya ese día se reunió con los portavoces de los grupos en las Cortes para apuntar por dónde caminaría. Al día siguiente, con los alcaldes de las grandes ciudades y presidentes de diputación. ¿Pero les trasladó todas? Mañueco reconoció que confirmó que se procedería al cierre por provincias y a la reducción del aforo en los lugares de culto. Y, añadió, «que estábamos trabajando» en bajar el número de no convivientes en las reuniones, con lo que «implícitamente» se estaba diciendo que se iba a adoptar, y «también hablé de la competencia sobre el toque de queda». «Teníamos dos opciones, seguir restringiendo la actividad ordinaria -en referencia a adelantar el cierre comercial a las seis de la tarde- o ampliar el toque de queda en base al estado de alarma», justificó. Y, ante la «disyuntiva», se optó por la segunda opción para «seguir manteniendo la actividad económica y proteger el empleo».

Pero no a todos los alcaldes les quedó claro. Varios criticaron la falta de información y negaron incluso que se abordase . Pero también hay quien reconoce que el asunto salió en la reunión. «Ahí están las grabaciones», dijo Mañueco. Así, el regidor abulense Jesús Manuel Sánchez Cabrera admitió ayer que «tal cual no nos dijeron que se adelantaba a las ocho de la tarde el toque de queda. Nos dijeron que se estaba contemplando esta posibilidad de solicitar un adelanto, pero nada más. Nos pilló de sorpresa».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, cargó contra la forma en la que la Junta anunció y adoptó la medida. «Fue una decisión tomada deliberadamente a traición» y que el presidente se la ocultó a él, a los alcaldes, al Gobierno e «incluso a los propios consejeros de la Junta». «Ellos sabrán por qué lo estaban ocultando, pero eso demuestra que no están actuando de buena fe», indicó Tudanca , cuyo grupo en las Cortes ha solicitado los informes jurídicos en los que se basa la decisión de la Junta. «Pido que los hagan públicos y si no lo hacen se demostrará que se trata solo de una excusa, una estrategia», afirmó. Y se interesarán por la fecha en la que están firmados. Aseguró que no es el «fondo» de la decisión lo que se cuestiona, sino la «forma», que se haya adoptado «sin acuerdo» ni garantías jurídicas.