Imputan a Samaniego por una trama que costó 2,4 millones al Ayuntamiento de Valladolid

De esta forma, la juez ha decidido cerrar la instrucción del conocido como «caso Samaniego» y continuar la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados fueran constitutivos de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad. El auto considera «indiciario» que los hechos se cometieron «a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba» el exjefe de Mantenimiento, y que no puso «en conocimiento del consistorio dicha circunstancia, con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar ».

El Juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso a las acusaciones particulares personadas, para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

De acuerdo con la infromación que maneja el Ayuntamiento, las empresas envueltas en la trama, 13 firmas diferentes, emitieron 1.316 facturas al Ayuntamiento de Valladolid por contratos por los que percibieron 10,9 millones de euros . La magistrada entiende que el quebranto económico causado a las arcas municipales ha sido valorado en 2.464.647,95 euros. De ellos, 671.877 como perjuicio por sobrecoste de facturación, 893.268,59 euros como perjuicio derivado de la ausencia de baja, es decir, sobrecoste debido a la ausencia de libre concurrencia, 537.849 euros como perjuicio como beneficio ilícito y 361.653,29 euros de perjuicio por intereses de demora.

Según se recoge en el auto, en varias ocasiones, algunas de las facturas entregadas al Ayuntamiento para su abono reflejaban obras que no se habían llegado a realizar, o que ya habían sido ejecutadas por operarios municipales. En otros casos, no se correspondían con lo realizado e incluían sobrecoste.

El alcalde de Valladolid, Oscar Puente , ha señalado que «estamos hablando de unos hechos de enorme gravedad y enorme trascendencia económica» y cree que el auto «deja clara una absoluta falta de control por parte del entonces equipo de Gobierno municipal durante 14 años de lo que ocurría en el Servicio de Mantenimiento», puesto que en ese tiempo «se produjeron hechos muy graves de forma cotidiana y permanente». El Ayuntamiento -dijo- reclamará «hasta el último céntimo de esos casi 2 millones y medio de euros en que se calcula el perjuicio de las arcas públicas, recuperándolo mediante la ejecución de los bienes de los imputados».