Ávila se queda atrás

Una de las críticas más sonadas a tan exiguo montante de dinero público la ha pronunciado José María Gil Tamayo, obispo de Ávila, quien pide a los partidos políticos que se «muevan» para evitar la injusticia. El prelado, al margen de línea oficial manso-buenista de los Omella/Osoro, es además periodista de formación. Como tal, demuestra sentido analítico y pensamiento incisivo al asegurar que la actividad de la Iglesia tiene en la economía de la provincia más peso –18,5 millones de euros– que la mermada cifra de inversión prevista. Un volumen propio de la diócesis que se reparte entre las parroquias, los colegios diocesanos o el archivo. En su opinión, hay que seguir «en primera línea» para atender la cruda realidad cotidiana de los damnificados por la terrible crisis económica derivada de la pandemia, el drama de cientos de miles de familias que de un día para otro se ven en la necesidad de pedir ayuda para comer o pagar los gastos más perentorios.

El obispo insiste en que Ávila debe recibir lo que le corresponde y pide igualdad de derechos respecto a otras provincias. Un discurso que molesta. No resulta habitual que un mitrado hable alto y claro en medio de la dictadura progre. Por eso, el secretario provincial del PSOE, Jesús Caro, ha respondido raudo. Dice no entender las lecturas negativas sobre unas cuentas «que buscan proteger a las personas, sostener el estado del bienestar y que nadie se quede atrás». Vuelta la burra al trigo con el trillado argumentario del partido. Y una vuelta más de tuerca, porque afirma que no entiende que las críticas provengan de alguien que representa «a la entidad con el mayor carácter de protección de esta sociedad». Algo es algo, porque a menudo cuesta un triunfo reconocer la labor social de la Iglesia, su verdadera esencia. La de ayudar siempre al débil, enaltecer a los humildes y portar un mensaje de esperanza. Así sea.