sociedad

Herrera pide «altura de miras» para Garoña

«Es el momento de reclamar a quienes tienen que decidir definitivamente su futuro que lo hagan bien»

juan vicente herrera

17/12/2012
Actualizado a las 09:01h.

Creo sinceramente que el cierre de Garoña, a partir del «cese definitivo de explotación» anunciado por Nuclenor para este domingo 16 de diciembre a las 23.00 horas, puede y debe aún evitarse, por lo que sería un gran error y un enorme perjuicio social ... y económico que llegara a producirse en las actuales circunstancias. En esta situación de gravísima crisis económica, de paro insoportable, de gran dependencia energética, y de inexistencia de una alternativa de desarrollo territorial, la única razón para cerrar Garoña hoy, y con ello destruir los casi mil puestos de trabajo vinculados a ella, debería ser, y esto en cualquier caso, la de su falta de seguridad. Pero resulta que quien tiene en España la misión de exigir, controlar y certificar esa seguridad, el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear), asegura que la tiene, y que su actividad podría perfectamente continuar al menos hasta el final de esta década, a condición eso sí de ejecutar un muy exigente e innegociable programa de inversiones. Según esto, si no existe un problema de seguridad, y se puede prorrogar su funcionamiento, ¿por qué se cierra Garoña? Esta es sin duda la pregunta que se siguen haciendo los trabajadores de la central, los vecinos de su zona de influencia socio económica, y las empresas que trabajan con o para ella. Y esta es la pregunta que también nos hacemos muchos que, ajenos a todo interés directo o personal en ella, hemos defendido estos años que esta cuestión debía resolverse exclusivamente desde el sentido común, el interés general, el criterio técnico, la ausencia de prejuicios y la fuerza de la razón. Es decir, todo lo contrario al capricho, al personalismo, o al pulso institucional. Por ello, en su día denunciamos con vehemencia la decisión caprichosa y puramente ideológica del anterior Gobierno, que quiso condenar a Garoña frente al criterio positivo del CSN. Por ello, más tarde aplaudimos la voluntad del nuevo Gobierno de reponer la normalidad, y favorecer el futuro de Garoña en los términos prescritos por el CSN. Y por ello, en este momento exigimos altura de miras a cuantos tienen un papel decisivo en esta función, para que apuren responsablemente todas las posibilidades que aún existen de que las cosas finalmente se hagan bien, algo para lo que siempre debe haber tiempo.

Los propietarios de Nuclenor (Iberdrola y Endesa), empresas energéticas con amplios intereses en nuestra Comunidad, afirman que Garoña no será mínimamente rentable si, a las inversiones exigidas por el CSN, se suman los nuevos tributos que pudieran gravar la generación eléctrica y los residuos nucleares. Se trata de un argumento con peso económico, e incluso de sentido común: una actividad empresarial rentable puede dejar de serlo por una carga fiscal desproporcionada. Creo que el Gobierno debe estudiar seriamente esta objeción: bien para desmentirla con firmeza si no es cierta, denunciando esa falsedad; o bien para restablecer en otro caso el equilibrio que se habría roto, pues no tiene ningún sentido que una empresa viable llegue a cerrar «por no poder pagar sus impuestos». El Ministerio de Industria no puede desde luego despachar este punto desde el solo silencio administrativo. Pero se trata también de un argumento preventivo, con el que Nuclenor se anticipa a unas normas fiscales aún no aprobadas. Es decir, se pone la venda antes de recibir una pedrada... que aún no ha salido de la honda. En este sentido, fue un gran error que la empresa dejara pasar el plazo para solicitar la prórroga sin hacerlo. Y con ello se adentrara con paso firme en el camino del cierre de la central. Hubo mucho de desdén y de soberbia en aquella decisión. Vino a confundir, y a sembrar dudas sobre segundas razones o intenciones. Por ello creo que ahora Nuclenor tiene la obligación de explicar de una forma muy clarita esa «cuenta de no rentabilidad» de Garoña. Eso sí, evaluando también, en ese ejercicio de suma resta, los costes que va a tener su cierre anticipado. Y sin olvidar tampoco el elevadísimo lucro cesante que la propia empresa calculó e incluso reclamó al anterior Gobierno, cuando éste decretó el cierre político de la central.

En estos últimos meses muchos han interpretado la posición que Nuclenor tiene en el caso de Garoña como un pulso de sus empresas propietarias a la política energética del nuevo Gobierno. Frente a la mínima sospecha de ello, Nuclenor debe garantizar ahora que sus decisiones, cualesquiera que estas sean, se centran y se refieren exclusivamente a Garoña, pues sería inaceptable que ésta finalmente fuera tan solo un pretexto, una represalia, o una cabeza de turco.

Cuando llega la hora de la verdad para Garoña, es el momento de reclamar a quienes tienen que decidir definitivamente su futuro que lo hagan bien, porque lo pueden hacer bien. Que lo hagan de una vez, sin más dilaciones, más movimientos tácticos, ni más idas y venidas, como están exigiendo sus trabajadores. Y que tanto la responsabilidad empresarial como la responsabilidad pública, además de las pertinentes consideraciones económicas, financieras y energéticas, tengan muy presente el patrimonio que hoy representan en el Ebro burgalés esos casi mil empleos que van a perderse si no hay futuro para una empresa que puede y debe ser viable y rentable. Es algo que tienen la obligación de evitar.