Vox hace pública su propuesta para un pacto de legislatura ante la falta de acuerdo con el PP

La propuesta, que justifican en que son «fieles a los compromisos con los votantes y respetuosos con los votantes del Partido Popular que fueron mayoritarios en las elecciones del pasado 13 de febrero» concedería la Presidencia de la Junta al PP, así como seis de las nueve consejerías , mientras que la Vicepresidencia de la Junta, la Presidencia de las Cortes y la secretaría tercera de la Mesa del Parlamento serían para Vox. Se trata de la misma propuesta que han defendido desde la noche electoral: el mismo trato que los anteriores socios, en referencia a Ciudadanos.

Según señala, las bases para un acuerdo de legislatura deben ser detalladas una vez constituidas las Cortes y con anterioridad a la sesión de investidura, hasta conformar un programa estable de gobierno.

En concreto, marcan doce ejes de gobierno, tres compromisos para los primeros 90 días y 29 acciones . Así, plantean que en los primeros tres meses se reduzcan todas las subvenciones públicas a sindicatos, patronal y organizaciones políticas, además de los fondos dedicados a la publicidad institucional. También que se derogue el decreto de Memoria Histórica y Democrática y la eliminación de partidas y normativas que promuevan el efecto llamada y «favorecen el tráfico de seres humanos».

Como ejes de gobierno , proponen vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León, promover la solidaridad entre todos los territorios de España y fortalecer el papel de las provincias y municipios. Además, la defensa de los intereses del campo, la industria, el comercio y del territorio ante la Unión Europea o la garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos.

Otros ejes son el desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad del territorio, la atención a las demandas legítimas de las provincias, el apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas, la reducción significativa del gasto institucional y supresión del gasto público superfluo o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos y el compromiso para no subir impuestos propios o crear alguno nuevo.

Como acciones, recogen la reducción de diez a nueve consejerías, la aprobación de la ley de Desarrollo y Competitividad Rural , habilitar un fondo de 300 millones de euros para indemnizar a las PYMES y autónomos de los sectores perjudicados por las medidas de contención del Covid, promover el equilibrio territorial entre las provincias, garantizar la sanidad pública reforzando la inversión.

Igualmente, plantean eliminar cualquier discriminación en la atención a las víctimas de violencia doméstica, aprobar una ley de violencia intrafamiliar que reconozca y repare por igual a cualquier tipo de víctima, impulso de una política de apoyo a la familia y la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos.

En educación, exige una EBAU única en todo el territorio , fortalecer la universidad y la investigación y garantizar la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el «derecho inalienable» de los padres a decidir la educación de sus hijos. Aprovechar los nuevos fondos europeos y garantizar que lleguen con transparencia, rapidez y eficacia, desarrollar una política fiscal inteligente, capaz de atraer y retener tejido productivo, acabar con la discriminación histórica a Castilla y León y una financiación autonómica justa, solidaria son otras de las acciones.