Guardianes frente a los malos tratos

«La frase más típica es 'pensé que iba a cambiar'»

El cuartel de la Guardia Civil es el primer lugar al que acuden las víctimas de los municipios que no son capitales de provincia. Allí, presentan las denuncias y, a partir de ese momento, se pone en marcha todo un operativo tendente no sólo a garantizar su seguridad sino, también, a poner en marcha todos los elementos necesarios para su bienestar económico y social. El capitán Carlos Hebrero, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, de la que depende el Equipo Mujer-Menor (Emume), formado por dos guardias y un suboficial, explica que una vez que la víctima llega al cuartel se califica su situación de riesgo (no apreciado, medio, bajo, alto o extremo), para a continuación notificárselo al Emume, que es quien determina las medidas a tomar. A partir de ahí, es esta unidad la que gestiona todos los datos y envía a las unidades que corresponda las medidas de vigilancia y protección que hay que adoptar. Paralelamente, se entra en contacto con las diferentes instituciones para que la mujer tenga cubiertas todas sus necesidades básicas. El objetivo es que la víctima no tenga nada de que preocuparse. El seguimiento de cada caso se realiza diariamente, especialmente si el riesgo es alto o extremo. De sus seis años de experiencia concluye que los casos más habituales son los de mujeres que tienen problemas con su pareja y que acaba por ser agredida. «La frase más repetida es que ‘pensé que iba a cambiar’», señala. En la actualidad, en Valladolid hay 153 mujeres en seguimiento, una con riesgo medio.

«Las víctimas cuando llegan ya han perdido su autoestima»

Castilla y León cuenta con tres centros de emergencia situados en Burgos, Ponferrada y Valladolid, todos gestionados por Cruz Roja, a los que se suman 14 casas de acogida que dependen de diferentes instituciones. Estos recursos forman parte de la Red de Atención Integral «Objetivo Violencia Cero» de la Junta de Castilla y León y por ellos pasaron el pasado año 461 personas (245 mujeres y 216 menores). A los centros de acogida las víctimas llegan derivadas por la Policía Nacional, la Guardia Civil, el juzgado o los servicios sociales. Pueden ingresar a cualquier hora los 365 días del año, explica la responsable de las instalaciones de Valladolid, Rosa Esteban, quien señala que tienen que ser víctimas de maltrato «en estado de grave riesgo», de forma que el ingreso se produce «para salvar su integridad física porque se entiende que en su domicilio ya no pueden estar». Una vez en el centro, al que la mujer puede llegar con sus hijos, sus responsables realizan una primera valoración para determinar cuáles son las actuaciones más urgentes y, a partir de ahí, fijar un plan individualizado para derivarla a los servicios más adecuados, desde la asistencia sanitaria, social (incluida la escolarización de los menores), económica o judicial. La estancia en el centro de emergencia suele ser de varias semanas, para después pasar a una casa de acogida. Rosa Esteban reconoce que, según su experiencia, no hay un perfil socioeconómico que defina a las víctimas de violencia de género, aunque sí es verdad que las víctimas que ingresan en los centros suelen carecer de independencia económica. Además, «han perdido su autoestima porque el maltratador se ha encargado de dinamitarla y emocionalmente requieren de mucho apoyo». «La prevención y la educación son la clave», concluye.

«La solución no es penal, sino que está en la educación»

Emilio Vega, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid, acaba de celebrar un juicio rápido y está dictando una orden de protección cuando recibe a ABC en uno de los dos juzgados específicos con que cuenta Castilla y León. El segundo se encuentra en Burgos, mientras que en el resto de provincias esta competencia la asumen los juzgados ordinarios. Vega explica que los específicos tienen dos tipos de competencias: en materia penal y en materia civil (como un juez de familia). De esta forma, en instrucción, se investigan los delitos y, si hay indicios, van a juicio. Además, se resuelven las órdenes de protección. En el caso de los delitos leves, que son las injurias, se celebra el juicio rápido y se dicta sentencia. Su otro cometido es el derecho de familia, de forma que se asumen asuntos como, divorcios, separaciones, guardias y custodias....

Vega, a pesar de los últimos acontecimientos, intenta evitar el pesimismo sobre la evolución de los casos de violencia machista. Con más de 23 años de experiencia, recuerda cómo en su primer destino, en Extremadura, cuando se producía algún caso, «el juez prácticamente no podía hacer nada, no le podías ni detener porque no era un delito, eran simplemente faltas. No había medidas cautelares, no había órdenes de protección,...». «Ahora tenemos instrumentos reales y se consiguen muchas cosas», insiste, ya que, según explica, «a veces sólo destacamos lo negativo, como cuando se produce una muerte que, ciertamente es trágico y dramático, pero el éxito de la Ley no solo hay que medirlo por las muertes, porque hay muchas personas a las que se da una solución». Pone como ejemplo que «una noche se produce una denuncia y a la mañana siguiente tienes una orden de protección y eso para la víctima es muy positivo». Niega que la justicia sea lenta, porque «el juez de violencia resuelve prácticamente al día», pero también reconoce que a veces evitar este tipo de crímenes es «complicadísimo y muy difícil de prever». En cualquier caso, opina que el éxito para acabar con esta lacra no es penal, ni pasa por meter a la gente en la cárcel sino por la educación. «La violencia de género no surge espontáneamente sino que tiene un origen y es que hay personas que creen que para resolver un conflicto hay que ser violento», reflexiona Vega. «Hay gente que cree que tiene que imponer su voluntad a base de violencia y se cree superior», puntualiza, pero «eso sólo se corrige educando, enseñando a los niños que los conflictos no se resuelven con la violencia y sí manteniendo siempre criterios de igualdad».

«En la casa de acogida se las prepara para su independencia»

La Asociación Beatriz de Suabia de Salamanca puso en marcha hace 27 años la primera casa de acogida de Castilla y León para mujeres víctimas de malos tratos y sus hijos. Con quince plazas, la gestión del centro es uno de los cometidos de la asociación, si no el único, ya que entre sus líneas más importantes de actuación está el desarrollo de programas de prevención, orientados a la violencia machista, como el que bajo el título de «Relaciones saludables» se llevó a cabo recientemente en la cárcel de Topas. En materia de sensibilización, desarrollan diferentes campañas formativas orientadas a los profesionales que cada día tienen que atender a mujeres maltratadas e, incluso, a sus agresores. Una de sus últimas iniciativas fue el reto «Da la cara. 1001 selfies», con la que entre el 8 de octubre y el 14 de noviembre consiguieron 1.238 fotografías acompañada de palabras solidarias con las víctimas. La presidenta de la Asociación, Eva Picado, explica que desde su creación y hasta el año pasado son 383 las mujeres que han pasado por la casa de acogida donde «se las prepara para su independencia y siempre desde la individualidad». En este nuevo hogar permanecen entre nueve y diez meses, aunque el tiempo depende de la complejidad del caso. Los últimos inquilinos fueron una mujer y sus tres hijos.

«Muchas mujeres son reacias a denunciar porque tienen miedo al agresor»

Ana de Lucas ofrece orientación y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de malos tratos dentro de uno de los programas de la Red de Apoyo Integral que desarrolla la Consejería de Familia. Es un recurso disponible para aquellas mujeres queaún no han presentado una denuncia, bien porque no saben el procedimiento a seguir o porque reclaman información sobre las consecuencias de la misma, aunque en la mayoría de los casos se debe a que tienen muchas dudas sobre si llevarla a efecto. Si bien De Lucas se encarga de asesorar en todas las materias (penal, civil o laboral) el mayor número de casos que llega a las instalaciones de Cruz Roja en Segovia, donde presta este servicio, tiene que ver con procedimientos penales. «Te encuentras con que las mujeres maltratadas siguen siendo reacias a presentar una denuncia por el miedo a qué me va a pasar, cómo va a reaccionar el agresor o, incluso, porque no quieren que lo metan en la cárcel», señala la abogada, quien destaca la «inseguridad y miedo que tienen y que éste es el factor más importante». Asegura que su cometido no es convencerlas de que denuncien, pero sí explicarlas que tienen todos los instrumentos de protección a su alcance. Sin embargo, reconoce que «sigue habiendo temor en las mujeres a presentar la denuncia», aunque depende de la edad, del nivel de estudios o de su situación económica.