Ciudadanos exige vetar a 4 alcaldes, dos presidentes de Diputación y un consejero para pactar con PP en Castilla y León

Estas nuevas exigencias fueron planteadas ayer durante un nuevo encuentro en el que sólo estuvieron presentes representantes autonómicos de los dos partidos: por el PP, el portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, y el responsable del programa electoral, Carlos Fernández Carriedo, y, por la formación naranja, el candidato a la presidencia de la Junta , Francisco Igea; el secretario de Acción Institucional, David Castaño y el de Organización, Miguel Ángel González. En este escenario, Igea planteó unas medidas bastante más duras de las que se pusieron sobre la mesa el día anterior y que se limitaron al decálogo programático. Sin embargo, en esta ocasión, presentó como «condición sine qua non», el apartar de los cargos a todos aquellos que lleven ya ocho años en el mismo puesto, según señaló ayer en una entrevista concedida a la agencia Efe. «Ayer (por el miércoles) la gente leyó el índice y dijo que le gustaba el libro», señaló, en referencia al modo en que se ha recibido la sintonía inicial que se apreció en la primera reunión formal entre el PP y Ciudadanos. «Lo que no somos ni seremos es el tonto útil de nadie», precisó sobre la exigencia en regeneración que plantea al PP.

El candidato de Cs destaca que la limitación de mandatos acordada en la anterior legislatura «no es un capricho», sino una forma «eficaz y probada de romper redes clientelares», por lo que se propone aumentar la exigencia de la norma y hacerla efectiva con carácter retroactivo.

Igea extendió esta limitación al actual alcalde de León en funciones, Antonio Silván, por comportamiento «poco ético», vinculado al caso Enredadera, ya que figuraba en las grabaciones policiales como informante a un empresario sobre el estado de un concurso público y por negarse a comparecer en la comisión de investigación que se creó en el consistorio.

Otro de los excluidos es el consejero en funciones de Fomento y medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuya continuidad ve «imposible» por «sentido común», tras aparecer en las grabaciones del caso Enredadera, en las que aparecía una conversación suya con uno de los empresarios investigados y le ofrecía hacerse cargo de una obra suspendida con la frase: «Yo soy la Administración».

El próximo encuentro de la comisión negociadora del pacto no se producirá hasta que el PP responda a las exigencias de Ciudadano. De acceder a las peticiones, continuarán las conversaciones; en caso contrario, se romperán.