CSIF acusa a Puente de «dañar la imagen» de su Policía Local

CSIF lamenta que el alcalde haya hecho «sucumbido a las presiones», y haya hecho más caso a las «críticas oportunistas» de la oposición que a las explicaciones de su Policía Local , «reprobando públicamente, por intereses políticos», la actuación de sus agentes locales, que simplemente trataban de cumplir la ordenanza municipal, informa Ep.

El sindicato insiste en que los policías locales cumplieron con su obligación, al detectar que tres mujeres estaban colocando carteles en una pared del mercado de Delicias, sin autorización y donde no podían hacerlo conforme a la ordenanza vigente, señala el sindicato, sin entrar a valorar el contenido de los carteles.

Los policías se limitaron a abrir un acta de posible infracción, para lo que se solicitó la identificación de las tres mujeres. Al negarse dos de ellas a mostrar su documentación personal, el protocolo exige su conducción a Comisaría para procederse a esa comprobación de identidad, como así se hizo, añadiendo que la apertura de un acta es un trámite común que no implica necesariamente una sanción.

CSIF lamenta que «la actuación profesional de los agentes locales se haya convertido en un argumento de oportunismo político, y en una excusa para una polémica política en la que ha caído Óscar Puente, que no ha valorado el daño que está causando a la imagen de la Policía Local del Ayuntamiento que gobierna».

En concreto, Óscar Puente aseguró este viernes que los agentes policiales llevaron a cabo una actuación policial «de buena fe» al interpretar la norma de la ordenanza ciudadana que está en vigor, pero recalcó que el equipo de Gobierno no está de acuerdo con dicho criterio y por ello se ha enviado una instrucción a la Policía Municipal , basada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del año 2013 en la que se defiende que en el caso de pegadas de carteles debe prevalecer la libertad de expresión.

Esa ordenanza, señaló el alcalde y según la tesis del TSJCyL, prohíbe actuaciones con «publicidad política o comercial» que «destruyan o deterioren» bienes municipales o de terceros, pero no entra en el ámbito de prohibición cualquier «forma de expresión política, vecinal, ideológica o social que incida en esos bienes». «Incidir, no deteriorar», ha subrayado Puente.